Trump juega con los derechos para atacar a Cuba
Apenas a unos días de que la Asamblea General de la ONU conozca, debata y vote por 27ma. vez consecutiva la Resolución que condena el largo y brutal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, una «casualidad» intenta obstaculizarla y desacreditar a la Isla.
Vaya coincidencia, acaban de darle asilo político a uno que se presentó como periodista independiente perseguido, y al que —por cierto—, tuvieron durante seis meses detenido en una de sus prisiones del ICE, esas creadas para los inmigrantes indocumentados que llegan por la frontera sur, y que inhumanamente han servido para separar a miles de familias latinas, especialmente a los menores de sus padres.
Esta relación en tiempo, trae al escenario de los medios estadounidenses a ese nuevo comediantillo para tratar de enturbiar lo que es verdad y se sabe desde hace casi seis décadas, la principal violación de los derechos humanos de los cubanos reside en la dura vida, en los obstáculos para el desarrollo personal, colectivo y de la nación, que ha impuesto el bloqueo económico, financiero y comercial, sostenido a contracorriente de los intereses y aspiraciones comunes de dos pueblos vecinos a la convivencia civilizada.
Nada novedoso, lo sabemos, en el arsenal de la manipulación estadounidense, pero vemos que en lo que va de año la actual administración de la Casa Blanca ha intensificado su injerencia y sus ataques, centrados fundamentalmente en lo que ha sido siempre la farsa presentada como leit motiv para justificar las crueles sanciones: la supuesta violación por parte de Cuba de los derechos humanos.
El viernes, en un comunicado del Departamento de Estado que dirige el ex- jefe de la CIA, Mike Pompeo, se anunció el lanzamiento de una campaña a favor de los que llaman presos políticos, y en la misma la misión de EE. UU. ante la ONU y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo han sido encargadas de la maniobra descarada en la que también está involucrado otro magro fantoche cargado de mala fe, el Secretario General de la OEA.
El injerencista ataque se perfilaba desde el pasado agosto, cuando las siamesas de la añeja y obsoleta agresión teleradial abrieron diz que «una línea de emergencia para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba» y trasladarlas a los organismos internacionales: «Estamos enviando un mensaje muy claro a Cuba, la línea dura es parte de la nueva política de los EE. UU.», vociferaba en los micrófonos, alguno de la «alianza estratégica» forjada en Miami.
Se trata de gastar —sin perder las ganancias personales que les reporte— los 15 o 30 millones dispuestos por el Congreso estadounidense para llevar su «democracia» a Cuba y los 29 millones de dólares para las transmisiones.
Ahora, el Gobierno que en junio se fue con el rabo entre las piernas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, porque este le dijo algunas verdades sobre su actuar en el mundo como violador flagrante, busca caja de resonancia en el organismo mundial en Nueva York, para las mentiras contra la Isla bloqueada y olvida algo fundamental, la enorme viga que tiene en el ojo…
Justo también el viernes la publicación The Hill daba a conocer que la administración Trump está proponiendo revisar las regulaciones de las protestas frente a la Casa Blanca y en otros lugares emblemáticos de Washington D.C., bajo el pretexto de preservar esos lugares de herencia de la nación, un acto de represión que apunta a cerrar la libertad de expresión, denuncian no pocos.
El plan data de agosto cuando se expuso sin mucha fanfarria; sin embargo, dijo The Hill, los grupos de derechos civiles han sonada las campanas de alarma.
A comienzos de septiembre, el mismísimo presidente Donald Trump —en una entrevista que le hiciera el Daily Caller horas después de que el entonces nominado a la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, fuera «saludado» con protestas en el primer día de las audiencias de confirmación en el Senado—, sugirió que el acto de protestar debía ser ilegal. Ese mismo día mas de 70 personas fueron arrestadas por la policía del país que se levanta como «guardián y juez de los derechos humanos» en el mundo. Y no fueron estas ni las primeras, como tampoco las últimas de las detenciones masivas practicadas, desconociéndose cuántos esperan o están sometidos a procesos legales por participar en esas demostraciones que, supuestamente, protege la Constitución que le dieron los padres fundadores.
Que el disenso le da urticaria a Trump es conocido, incluso ha llegado a sugerir que los manifestantes debieran perder sus trabajos o ser enfrentados con violencia por expresar sus opiniones; así instó a los propietarios de la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano) a que despidieran a los jugadores que se arrodillan cuando se escuchan las notas del Himno estadounidense en protesta contra la sistemática injusticia racial en EE. UU. Tampoco podemos olvidar que durante su campaña presidencial en 2016, cuando en varias apariciones públicas los manifestantes interrumpieron sus mítines electorales, con sus palabras alentó la violencia contra ellos.
En la supresión de los derechos de expresión, el mandatario cuenta también con el contubernio de las oligopólicas empresas de la comunicación, con potestad para acallar las voces contrarias no solo dentro de Estados Unidos sino a nivel mundial, incluso en las redes sociales en las que cierran páginas progresistas dedicadas a darle cobertura a las guerras de Estados Unidos y sus aliados, la brutalidad policial y otros temas que los medios corporativos por lo general soslayan.
EE.UU. tiene a millones de humanos sin derechos
Sin embargo, las más incontestables violaciones de los derechos humanos que comete a diario Estados Unidos no están contenidas en la censura a la libertad de expresión o el derecho a la protesta. Son las infracciones que dañan el derecho a la vida misma.
No mencionemos en detalles las guerras, las intervenciones y ocupaciones militares, la injerencia e intromisión en los asuntos internos de otros países, el fomento de golpes de Estado, el cínico estímulo a la subversión y al terrorismo, incluso al magnicidio, la imposición del neoliberalismo que ahoga la vida y la economía de otros pueblos, el desprecio a los convenios y al Derecho Internacional…
Detengámonos en las contravenciones hacia los suyos. Pobreza en la nación más rica del planeta, negación de la salud y de la educación para todos, injusticia en el sistema judicial y penitenciario, cárceles secretas, situación de discriminación hacia las minorías, salarios desiguales por sexo o color de la piel, persecución y detenciones arbitrarias de los inmigrantes, transgresiones electorales, y muchas más están entre las violaciones de los derechos de sus ciudadanos.
He aquí algunas cifras o datos: 46,7 millones de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, de ellas 26 millones son mujeres. La cifra total representa el 14,8 por ciento de la población estadounidense; el 23,6 por ciento son hispanos y el 26,2 por ciento negros, los blancos representan el 12,7 por ciento. Más de 560 000 personas no tienen techo. Estos son datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Un estudio del Registro Nacional de Exoneraciones, dado a conocer el 7 de marzo de 2017, muestra que los estadounidenses negros tenían aproximadamente siete veces más probabilidades de ser condenados injustamente por asesinato que los estadounidenses blancos. Si el crimen involucra drogas, los negros inocentes tienen aproximadamente 12 veces más probabilidades de ser condenados injustamente que los blancos sin culpabilidad. Y en estas estadísticas de la discriminación solo en el aspecto del sistema judicial muestran también que los delincuentes varones negros recibieron condenas en promedio 19,1 por ciento más largas que las de los delincuentes varones blancos «en una situación similar».
En el aspecto de los estándares de vida, encontramos que el Instituto de Política Económica publicó un informe el 13 de febrero de 2017, que refiere que la riqueza promedio de las familias blancas es siete veces más alta que la riqueza promedio de las familias negras, y que la riqueza blanca media es 12 veces más alta que la riqueza negra promedio.
La brecha por género no es menos amplia. Las mujeres reciben solo el 64 por ciento del pago que reciben los hombres por un mismo trabajo y qué decir del desprecio que acaban de recibir cuando el Senado avaló al juez del Supremo nominado por Donald Trump y a quien se le acusó de violación en su época de escolar, pero no se le dio crédito a la acusadora.
Mucho más pudiéramos mencionar de las transgresiones dadas a conocer por sus mismos índices públicos. Entonces ¿Cómo se atreven a juzgar a otros?
