Por Miguel Angel García Alzugaray
Aunque pueda parecer asombroso, el presidente Donald Trump, además de tratar de impulsar sus planes desestabilizadores contra Cuba y Venezuela, pretende dar lecciones de gobernabilidad y “sanas prácticas” en la lucha contra la corrupción a los países que participen en la VIII Cumbre de las Américas. Para ello ha designado, expresamente, al vicepresidente norteamericano Mike Pence, después de que en una de sus erráticas decisiones, cancelara su proyectado viaje a Perú, alegando que debe permanecer en Washington para dirigir las próximas acciones (ataques) de Estados Unidos en Siria.
¿No será que se asustó con la previsible reacción en su contra de las delegaciones que participan en la Cumbre de los Pueblos?
Tal vez podamos pensar que ello no es otro de los acostumbrados disparates del magnate, si tomamos en consideración los escándalos ocurridos en esta materia en el país anfitrión que provocaron hace poco la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, o si vemos el hecho harto conocido de que Brasil es gobernado en la actualidad por un “presidente de facto”, sobre el cual obran decenas de acusaciones bien fundamentadas de ser un maestro en la corrupción y el tráfico de influencias, tener un parlamento en el que la mayoría de sus miembros están acusados también de estos delitos, así como una justicia venal que se pliega a sus intereses para condenar sin pruebas al expresidente Lula.
Ya sea en Perú, Brasil o Estados Unidos, la corrupción tiene algo en común: la presencia del dinero en política es inevitable. Las empresas necesitan que los políticos legislen, voten o medren en su favor. Es obvio, por tanto, que van a intentarlo todo, pues los políticos corruptos ya ganan bastante dinero, sin embargo los favores que reciben pueden nublarles la vista.
Por ejemplo, en Estados Unidos, entre las 140 organizaciones o empresas que más dinero han donado a políticos desde 1989, figuran la National Football Association, los sindicatos (de larga tradición mafiosa) y la Asociación Nacional del Rifle.
Por ello, no debe extrañarnos que el presidente norteamericano, quien recibió más de 30 millones de dólares para su campaña presidencial de la armamentista organización, sea tan reticente a promover y aprobar una ley para restringir la venta de armas en los Estados Unidos, a pesar de las reiteradas matanzas ocurridas en los últimos tiempos y las crecientes demandas de su población al respecto.
Para el inquilino de la Casa Blanca esta coima no es un vulgar acto de corrupción, sino lo más normal en la vida de un político norteamericano.
Emma González, quien sobrevivió a la reciente masacre de La Florida, dijo que cada muerto por tiroteos en EE. UU., durante 2018 le ha representado al mandatario unos US$ 58.000 de ganancia.
La corrupción matizada
Bryan Weaver, un activista del partido demócrata, describe magistralmente la corrupción en el sistema político estadounidense al aseverar: “Los políticos de Washington han desarrollado una sofisticada cultura de la corrupción, dentro de la modalidad de “dejar pasar” eventos neurálgicos de la política norteamericana”. En otras palabras, el “lapsus ético” está a la orden del día.
En Estados Unidos no es que no haya corrupción entre la clase política, pero los escándalos sexuales suelen quitarles protagonismo a los políticos, los cuales parecen pasar desapercibidos entre la población norteamericana.
A diferencia de otros países, donde cualquier caso de corrupción política es ampliamente difundido por los medios de comunicación, para que un tema de corrupción tenga repercusión nacional en Estados Unidos “tiene que ser muy gordo” y afectar a una figura importante, según señala el experto en corrupción política de la Universidad de Denver, Peter deLeon.
“La mayoría de casos de corrupción política en Estados Unidos tienen que ver con sobornos y clientelismo”, afirma el experto, autor del libro Reflexiones sobre corrupción política.
En la mayor economía del mundo “prolifera el tráfico de influencias”, explica deLeon, quien asegura que “es frecuente el intercambio de favores a cambio de dinero”, o de dinero a cambio “de acceso”.
El experto llama acceso al fenómeno por el cual se desembolsan grandes cantidades de dinero a cambio de conocer o poder estar en contacto con personalidades del gobierno, del mundo de las finanzas, o líderes internacionales.
Sin ir más lejos, muchos presidentes de Estados Unidos se han vendido a esta práctica en numerosas ocasiones, con el objetivo de recaudar fondos para su campaña electoral.
Así por ejemplo, Obama organizó varias veladas con empresarios y estimó que el precio adecuado para estar en su compañía era de 35.000 dólares (unos 26.600 euros). Aunque no es el primer ni único político estadounidense que ha recurrido a esta práctica, varios grupos de opinión la consideran poco ética.
El expresidente estadounidense, Bill Clinton, organizó también veladas para recaudar fondos para saldar la deuda acumulada por la campaña de su mujer, Hillary, durante su candidatura presidencial en 2008.
Se debe destacar que el marco operativo de esta conducta ha evolucionado étnica y económicamente. La concentración del poder económico descansa hoy en una élite de empresarios lobistas y políticos con mucho poder que han desplazado a los tradicionales del entorno clientelista de Washington. De ahí el surgimiento de una cultura urbana sobre las bases de un crecimiento comercial, que compite con las atracciones culturales e históricas de las grandes urbes norteamericanas.
¿Dónde radican los “nuevos términos de intercambio” de la corrupción en esas urbes?:
1- Las compañías más relevantes, en el ámbito de la construcción, tecnología e intermediación financiera, tienen una agenda muy agresiva en las esferas del poder de Washington.
2- Las calificadoras de riesgo financiero dependen cada día más del capital de los grandes consorcios transnacionales, lo que las impulsa a un lobismo más agresivo en favor de esos intereses.
3- La coima, como tal, no es un instrumento de escarnio y objeción; se ha convertido en un instrumento de desarrollo e inversión en estos consorcios, con el agravante de la impunidad legalizada.
Además, el político estadounidense ha descubierto que lo “objetable” en su país, es “costumbre” en otros países. De ahí que, los esquemas de la corruptela ya NO se generan en Washington, si no “offshore”.
