Escándalo de corrupción en la OEA salpica a Luis Almagro
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pronunciaba en Lima la pasada semana un discurso sobre la necesidad de combatir la corrupción, tomaba forma un escándalo de grandes proporciones que involucra malas prácticas de su organismo en Honduras
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pronunciaba en Lima la pasada semana un discurso sobre la necesidad de combatir la corrupción, tomaba forma un escándalo de grandes proporciones que involucra malas prácticas de su organismo en Honduras.
Almagro hizo público el sábado pasado, durante las sesiones de la VIII Cumbre de las Américas, el nombramiento del abogado brasileño Luiz Antonio Guimarães Marrey como nuevo vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La decisión, que debía ser ratificada por Tegucigalpa, es el último intento del Secretario General por acallar la denuncia de corrupción que mantiene contra la Maccih su anterior jefe, el peruano Juan Jiménez, quien renunció en febrero de este año.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción se instaló en Honduras en abril del 2016, con el supuesto propósito de ayudar a contener la impunidad en el país y fortalecer las instituciones. Es, además, el primer mecanismo de su tipo a cargo de la OEA.
Pero Jiménez Mayor, quien estuvo al frente de la Maccih hasta febrero último, renunció a su cargo a través de un comunicado en el que critica las acciones de Almagro y denuncia su complicidad con varias irregularidades en el funcionamiento de la misión.
Asimismo, calificó de pasiva la posición del Secretario General respecto a la crisis política hondureña, que a finales del año pasado llegó a su cenit con denuncias de fraude en las elecciones generales, en las que resultó reelecto el actual mandatario, Juan Orlando Hernández.
«Lo que no podemos permitir es que haya corrupción en la Maccih», añadió Jiménez tras revelar que Almagro ni siquiera lo recibió durante una visita a Washington para abordar el desarrollo del proyecto.
El abogado peruano sostuvo que el 25 % de todo el personal de la misión se encuentra en la sede central de la OEA en Washington y no tiene ninguna responsabilidad en el terreno en Honduras.
«No sabemos qué hacen, solo dos de los funcionarios que trabajan allá (Washington) coordinan cosas con nosotros, ¿qué hace el resto?», dijo en declaraciones a la prensa tras su renuncia.
La despreocupación por la misión anticorrupción en Honduras coincide en el tiempo con la arremetida de Almagro contra la República Bolivariana de Venezuela. El derrocamiento del Gobierno legítimo de Caracas se volvió una obsesión para el excanciller uruguayo.
A la denuncia contra Almagro se sumó también el exprocurador de la Maccih, el peruano Julio Arbizu, quien añadió una denuncia de racismo al interior de la misión.
«Toda mi vida lidié con el racismo y el prejuicio, por mi color y hasta por mi nacionalidad. Que ahora un par de impresentables en la OEA me regale expresiones racistas, no habla de mí, habla de ellos y de quien los llevó a ocupar un puesto para el que nunca calificaron», dijo Arbizu a medios de prensa.
«Cuando emprendes una cruzada anticorrupción y te atacan los corruptos es comprensible», dijo el exprocurador en alusión a Almagro. Pero, «cuando el que te ataca es el que debe respaldarte, es porque el río trae piedras. Y eso, más temprano que tarde, se va a saber. Honduras no merecía esto», añadió.
La situación es tan crítica que Almagro incluyó el tema de la Maccih en su discurso en la inauguración de la VIII Cumbre de las Américas, dedicado paradójicamente a señalar los problemas de corrupción en la región.
Aunque no mencionó nombre, la intencionalidad de su discurso estaba evidentemente dirigida a los gobernantes progresistas a los que ha declarado la guerra.
La elección de Guimarães no es casual. El abogado brasileño se desempeñó como fiscal general de São Paulo, Brasil, uno de los focos fundamentales de la persecución política contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores.
Existen evidencias de que el juez Sergio Moro y un grupo de abogados brasileños recibieron entrenamiento en Washington y cursos en terceros países con el propósito de utilizar las leyes como método de contención del Partido de los Trabajadores y su agenda progresista.
Almagro estaría reciclando los «cuadros» que la propia OEA ayudó a formar para encubrir sus meteduras de pata y negocios turbios en Honduras.
