Rostros de la crisis en Puerto Rico: “Todos están en bancarrota”

Una mueblería cerrada en Río Piedras, San Juan. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.

Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.
Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro, Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde hace dos años ha ido en picada.
“El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”.
Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos dirían que en el fondo— de la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos.
Con una deuda de 123 mil millones de dólares que no puede pagar, Puerto Rico presentó el 3 de mayo un tipo de protección en caso de bancarrota, una medida que sacudió las espinas dorsales de todos, desde tenedores de bonos que temen pérdidas espeluznantes hasta barrenderos y empleados públicos cuyos salarios de por sí raquíticos probablemente seguirán reduciéndose.
El Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una huelga resultó en manifestaciones de varios miles de personas en las calles, las cuales se tornaron violentas. Días antes, la gente estaba reunida en el trabajo, en los parques y en sus casas para debatir interminablemente sobre la incertidumbre de la situación. En la terminal de Río Piedras donde trabaja Rivera, los choferes y el personal de limpieza se juntaron para quejarse tanto de la baja en trabajo y el monto de las jubilaciones como del constante aumento en el precio de los servicios, como el agua y la electricidad.

Los negocios de transporte como este en Río Piedras han sufrido debido a la crisis económica; los choferes tienen que esperar horas para llenar un viaje de sus rutas. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.

A pesar de que la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad: los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media.
“Yo me voy a quedar aquí, aunque gane solo un dólar”, dijo Rivera.
Los próximos meses, el gobierno planea implementar medidas de austeridad que golpearán en particular a los maestros. La secretaria de Educación puertorriqueña ya anunció una propuesta para el cierre de 184 escuelas. El profesorado podría enfrentar un recorte de dos días por mes.
Así que, mientras el gobierno busca protegerse de las demandas tanto de los fondos de cobertura como de otras firmas financieras que invirtieron para pagar la deuda riesgosa de Puerto Rico, los residentes de este territorio estadounidense están sufriendo las restricciones.
Las multas por estacionarse mal y otras violaciones de tránsito han aumentado al doble. Hay varias agencias gubernamentales que están en serios apuros y prestaciones como los bonos anuales de Navidad o la prima vacacional están a punto de convertirse en recuerdos nostálgicos.
Los residentes están preocupados de que su futuro esté en manos de extraños, una junta de supervisión y un juez federal.
“Llegará un momento en el que tendré que decidir entre si vivir en una casa o tener seguro médico”, afirmó Ángel González, el maestro jubilado de 55 años de edad. “¿Y la comida?”, preguntó, con un suspiro.
Su jubilación es de cerca de mil 900 dólares al mes, de los cuales 556 están destinados a pagar el plan médico de su familia.
Roberto Pagán, vicepresidente de la división puertorriqueña del Service Employees International Union (sindicato internacional de funcionarios públicos), dijo que esperaba que casi 400.000 personas pierdan sus planes de salud porque no podrán solventarlos. Es probable que ya no haya quién registre querellas de servicios públicos como las denuncias de abuso infantil.

Una pizarra de la terminal de vehículos públicos del este de Río Piedras muestra que un día solo se registraron ocho pasajeros. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.

El gobernador Ricardo Rosselló, quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en los próximos meses.
“Todos deben hacer un sacrificio”, explicó en una entrevista. “Hemos sido muy claros acerca de cuál es ese sacrificio”.
Las medidas que tomó Rosselló se aplicaron poco a poco con el objetivo de que no fueran más injustas para un grupo, afirmó. La mayoría de los residentes cree que la única opción que tenía Rosselló era buscar un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus promesas de campaña.
Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político.
Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil millones de dólares.
Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las ideas que se han presentado se encuentra el recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social.
El plan no impresionó a los acreedores, explicó Rosselló.
“No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al pueblo puertorriqueño”.

La escuela primaria Dr. Martin G. Brumbaugh en Puerta de Tierra, San Juan, será uno de muchos colegios que cerrarán como parte de las medidas de austeridad. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.

Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña. Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes?
No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto.
“Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”.
Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y las ganancias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre, comentó Torres.
Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales suburbanos y a otras tantas a salir de la isla.
“Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados.
Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla.
“Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche para el éxodo”.
Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos hasta los 70 años.
Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas.
“No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64 años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas: nosotros”.

Michael Portes y Agustín Portes trabajan en la reconstrucción del muro de un monumento que se encuentra frente al capitolio en San Juan. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times. (Tomado de The New York Times)

House of Cards continues in 2018

 

Por Michael L. Winston

(Traducido al español)

Lo que les voy a narrar a continuación no es extraído de ningún boceto del culebrón estadounidense “House of Cards” creado por NETFLIX y protagonizado de forma magistral por Kevin Spacey.

Para los que no han tenido la oportunidad de visualizar el serial estadounidense, en este se exponen cuáles son los métodos que utilizan políticos dentro de la Casa Blanca y sus dependencias para alcanzar el añorado poder o supremacía, sin importar las consecuencias que deriven el cause de sus acciones a terceros, siendo incluso, del mismo bando político.

Recientes declaraciones de los senadores Marco Rubio y Robert Menendez contra Rex Tillerson pudiesen parecer no tener lógica alguna, dado se basan en acusaciones al Secretario de Estado por ineficaz gestión y lentitud de respuesta ante la investigación que se desarrolla sobre supuestos ataques acústicos a funcionarios norteños en la sede diplomática de Washington en La Habana.

Ambos argumentaron que incumplió la ley al no establecer una junta de rendición de cuentas 120 días después de que se confirmó el primer diplomático estadounidense afectado. En el caso de Menendez señaló que la decisión de la administración Trump de retirar a su personal no prioritario de la Isla, así como de expulsar a 15 diplomáticos cubanos de Washington fue “burocrática”, “risible” e “inaceptable”.

Sin embargo, los hechos vaticinan que esta nueva saga de “House of Cards” tiene como colofón desmantelar el Departamento de Estado, apuntando precisamente hacia su cabeza. El Quijote de esta historia no sería otro que Marco Rubio, quien tiene como Sancho Panza al desgastado y cuestionado senador también de origen cubano, Robert Menendez. Ambos buscan ganarse un asiento más allá de sus puestos en el Senado.

En el caso de Rubio, republicano por Florida y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, el puesto de Secretario de Estado pudiese ser la antesala para hacer valer la experiencia de su amplio “teamforce” en materias como: derechos humanos, trato a los migrantes, lucha contra el terrorismo, narcotráfico y política exterior. Todo esto sería posible con un resolutivo Marco Rubio, al frente del Dpto. de Estado, que colocase a EE.UU. en la primacía del mundo, teniendo en jaque a sus antagónicos enemigos (Rusia y China) y controlando al mundo árabe mediante su peón coronado a dama, Israel. Sin duda, una catapulta mediática para postularse en un futuro cercano a la presidencia.

En el caso de Menendez su intento por desacreditar al multimillonario Tillerson, es simplemente un guiño que le hace a Rubio, en su afán por limpiar su imagen de hombre corrupto y colocarse como alguien con quien contar para reunir adeptos dentro de los demócratas. Quizás en un gobierno de Rubio, Menendez ya anciano goce de algún privilegio en Coral Gables.

No descartamos un desenlace sangriento e incluso con otros escándalos generados contra Tillerson y la Administración Trump por parte de estos políticos cubanoamericanos durante el season finale de “House of Cards”. Recuerden que quedó abierta la caja de Pandora y aún se investiga el “RussiaGate”.

Donald Trump llama “países de mierda” a El Salvador y Haití

Foto: AP/ Evan Vucci.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este jueves “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, según informó el diario ‘The Washington Post’.
“¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?”, afirmó Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.
Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
El gobernante sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió este miércoles, de acuerdo con el Post.
Los comentarios de Trump sorprendieron a los legisladores presentes en la cita, según el diario, que no aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con su exabrupto.
El proyecto de seis senadores bipartidistas eliminaría la llamada ‘lotería de visados’ que cada año asigna 50.000 visas a ciudadanos de países con una baja tasa de emigrantes a Estados Unidos, un mecanismo que beneficia mayoritariamente a países de África.
Según dijo a Efe una fuente del Senado, que pidió el anonimato, la mitad de esos visados beneficiaría a los que hasta ahora estaban protegidos por el TPS, y la otra mitad estaría reservada a inmigrantes que demostraran cualidades profesionales que merecieran su entrada en Estados Unidos, el famoso “mérito” que defiende Trump.
El acuerdo también abriría un camino a la ciudadanía para más de un millón de jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país, conocidos como ‘soñadores’, y concedería más de 1.000 millones de dólares para proyectar y construir una barrera física en la frontera con México.
(Con información de El Mundo)

Marco Rubio quiere ser rubio

Por Patricio Montesinos.

No nos asombremos cuando un día el senador de origen cubano Marco Rubio aparezca en el Congreso de Estados Unidos con su pelo pintado de rubio para congraciarse o robarle el protagonismo, mejor dicho, el show al presidente Donald Trump.

El legislador republicano por la Florida, un iracundo anticubano y por cierto antes acérrimo contrincante de Trump, continúa siendo el principal actor del ya aburrido culebrón que contra la mayor de las Antillas se escenifica en Washington relacionado con supuestos “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses en La Habana.

Rubio, y su “amiguete” de andanzas de agresiones a Cuba, el demócrata Robert Menéndez, representaron esta semana un nuevo capítulo de  la más reciente vulgar novela, al organizar en el Senado una audiencia dirigida a continuar difamando de la nación caribeña con maliciosas e infundadas acusaciones.

Lo hicieron pese a que el Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), otras agencias especializadas del Departamento de Estado norteamericano, investigaciones exhaustivas realizadas por las autoridades cubanas, y expertos internacionales, han reiterado que no existe evidencia de ningún tipo sobre la ocurrencia de los llamados “ataques sónicos”.

Es bien sabido que el guión del referido culebrón ha sido escrito con el claro objetivo de seguir tensando las relaciones entre los dos países vecinos, y como un pretexto para que la Casa Blanca retornara, como ya lo hizo su actual inquilino, a la fracasada política agresiva hacia la mayor de las Antillas.

El gobierno de Cuba, a través de la Directora General de Estados Unidos de su Cancillería, Josefina Vidal,  afirmó este martes que el verdadero propósito de la reciente audiencia en el Senado de Washington no era establecer la verdad, sino imponer por la fuerza y sin prueba alguna una denuncia que no han podido demostrar.

Vidal enfatizó que su país rechaza la politización de ese tema y las medidas injustificadas que ha adoptado la Casa Blanca, con un alto costo para sus compatriotas, la emigración de la nación caribeña y el pueblo estadounidense.

No es nuevo, ni mucho menos, que los regímenes de turno de Washington hayan buscado pretextos infundados para mantener asediada a la Revolución cubana, desde su mismo triunfo, el 1 de enero de 1959.

Tampoco es novedoso que personajes arribistas y mafiosos como Rubio hagan carrera política y se enriquezcan a costa de posturas hostiles hacia Cuba, e incluso consigan manipular a mandatarios del imperio del Norte.

Ese senador republicano, enemigo sin tregua de Trump en la pasada campaña electoral norteamericana, ahora se aprovecha de un magnate emperador poco experimentado,  y hasta es capaz de pintarse el pelo de rubio para hacerle la corte, o cuidado, suplantarlo.

Como cambian las cosas para Cuba

Por Arthur González 

Cuba era condenada porque exigía a sus ciudadanos un permiso de salida y una carta de invitación, para realizar un viaje a otro país por interés personal.

Nuevos cambios introducidos en 2013 en su ley de migración y reajustes en su política de viajes, eliminaron tales requisitos y entonces se pudo ver a las claras que ambos no eran la verdadera causa que impedía a cubanas y cubanos disfrutar de una estancia en el exterior, sino la dificultad para obtener un visado en alguna embajada.

Cualquier ciudadano del llamado “mundo libre” que desee ir como turista a otro, solo debe contactar con una agencia de viaje que le organiza su recorrido, incluidas las visas y boletos de avión. Para esos no hay exigencias que si les exigen a los cubanos y hace un penoso martirio lo que pudiera ser un deleite.

Desde 1966 Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Ajuste Cubano, la cual permite que cualquier cubano residente en la Isla que llegue al territorio yanqui, solicitar asilo político con solo decir a las autoridades migratorias que “huye del comunismo”, algo que politiza ilegítimamente el movimiento migratorio.

Esa fue la solución que encontró la administración de Lyndon B. Johnson, para legalizar el estatus migratorio de los que llegaban ilegalmente a las fronteras estadounidenses, principalmente esbirros del dictador Fulgencio Batista y sus seguidores, los atemorizados por las campañas mediáticas contra la Revolución y aquellos padres que se dejaron engañar con la falsa Ley sobre la pérdida de la patria potestad, circulada por agentes de la CIA, y enviaron solos a sus hijos a los Estados Unidos, como parte de la tenebrosa Operación Peter Pan.

La Ley de Ajuste, aún vigente, privilegia solo a cubanos y de ahí el temor de varios países en facilitarles visas, pero lo que, si resulta indignante y hasta humillante, son los requerimientos que muchas embajadas solicitan solo a los cubanos para entregarles un visado, entre ellos mostrar una cuenta bancaria, violando el secreto bancario y la privacidad personal, escrituras de sus propiedades y hasta reservaciones en hoteles.

¿A que ciudadano francés, turco, austriaco, australiano o argentino, se les exigen esos requisitos para visarle su pasaporte?

Muchos de los cónsules que hacen esas solicitudes a los cubanos no tienen ni casa propia, ni cuentas de ahorro, al igual que sus compatriotas que visitan a Cuba.

De eso la prensa de Estados Unidos no hace campañas, ni sus aliados denuncian como se les limita la libertad a los cubanos para viajar. Sin embargo, cuando los llamados “disidentes”, fabricados y sufragados por Estados Unidos, viajan a México, Colombia, Chile, España y a los propios Estados Unidos, nadie les pide nada de lo que le obligan a mostrar a los cubanos que pretenden visitar familiares o amigos. Sobre ese proceder discriminatorio nada se habla.

A partir de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump en octubre de 2017, de no emitir más visas en la Habana para visitas temporales, contraer matrimonio con ciudadanos norteamericanos, o de reunificación familiar, los cubanos están obligado a viajar a México y a Colombia para asistir a las entrevistas que se le programan en los consulados de Estados Unidos, con el fin de evaluar si se les entrega o no el visado.

Por supuesto que, para obtener el codiciado visado de ambos países, los cubanos tienen que mostrarles a los funcionarios consulares su estado de cuenta bancaria y las escrituras de sus propiedades, y solo después de evaluar cada caso el cónsul accede o no a visarlo, lo que resulta un tratamiento denigrante en un mundo que incrementa los movimientos migratorios y el turismo.

Para demostrar el injusto trato que reciben los cubanos, que no es criticado por las organizaciones de Derechos Humanos que antes cuestionaban a Cuba, basta con conocer lo que Colombia ha impuesto a su consulado en Miami, donde sus funcionarios declaran que “el consulado de Colombia en Miami no tiene obligación de otorgarle visa a los cubanos que quieren reunirse con sus familias en Bogotá y para obtener la visa hay un proceso con requisitos que deben ser respetados”.

Desde que el Departamento de Estado anunció que procesaría las visas de inmigrantes para cubanos en su embajada en Bogotá, y las de no inmigrantes en México, la afluencia de cubanos solicitando visas a Colombia es masiva, tanto en La Habana como en Miami, pues los familiares residentes en la Florida desean asistirlos económica y técnicamente antes de las entrevistas en el consulado yanqui.

Lograr una cita en los consulados de México y Colombia en la Habana es una verdadera odisea, sin la certeza de obtener el permiso de internamiento, algo que aprovechan los especuladores para sacarle dinero a los interesados.

Antes del 2013 las acusaciones eran contra Cuba y fue común las denuncias sobre su política migratoria. Ahora que ya esas trabas desaparecieron y hasta los “disidentes” viajan constantemente a recibir entrenamiento en otros países, o para participar en eventos donde se condena a la Revolución, no hay una sola acusación contra aquellos países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá y de la Unión europea, por sus prácticas discriminatorias y violadoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Ahora nadie se acuerda de la libertad de viajar, de movimiento ni el respeto a la vida privada, las normas impuestas por esos países no violan nada, al final ellos responden a un modelo capitalista que, a su decir, es el “paladín de los derechos humanos”.

Mientras, las familias cubanas no tienen derecho a reunirse, festejar juntos y pasar buenos momentos unidos. Así son los que imponen las normas que rigen hoy el mundo.

Exacto fue José Martí cuando sentenció:

“Algo que daña mucho el ejercicio de un derecho, es la hipocresía del derecho”