América Latina: La guerra jurídica contra la democracia

El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.

El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público.

Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.

El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial.

El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia.

El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura internacional contra el expresidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.

“La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la ‘corrupción’ como problema fundamental de América Latina”. Esta premisa cargada de razón formal fue manifestada por instituciones financieras internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural del Estado en la década de los años 90. Viene siendo utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los “populismos de izquierda” presentan un problema de corrupción estructural, omitiendo que la corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad.

Contra todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales se ha utilizado el ‘lawfare‘, la “guerra jurídica asimétrica”, que ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las Escuelas de las Américas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos.

Guerra jurídica o ‘lawfare’ es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras “ley” (Law) y “guerra” (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una “guerra jurídica” que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. De esta forma describe el ‘lawfare’ el “Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias”, del año 2010.

El ‘lawfare’ se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el “establecimiento” estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.

Remontémonos al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres acusado de crímenes contra la humanidad por una orden emitida por el juez Garzón a petición de colectivos defensores de víctimas. El final de la “guerra fría” causó la desorientación estratégica de su vencedor, los EEUU. Era imprescindible definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado militar-industrial base del sistema capitalista que doblegó a los países socialistas. Ese periodo de desorientación posibilitó que el ejercicio de acciones penales desde terceros países -la ‘jurisdicción universal’ contemplada en las legislaciones nacionales desde hacía años, pero imposible de aplicar durante la ‘guerra fría’-, se convirtiera en una poderosa herramienta contra regímenes autoritarios responsables de crímenes contra la humanidad, conductas ilícitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los pueblos.

Fueron años de expansión de la ‘jurisdicción universal’. A la detención de Pinochet le siguió el inicio de procedimientos judiciales impulsados por colectivos de víctimas contra militares y políticos argentinos, uruguayos, colombianos, congoleses, estadounidenses, israelíes… responsables de masivas violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de las democracias occidentales no fue expandir la jurisdicción universal, sino combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho internacional y acabar con la impunidad de los crímenes internacionales. Las contrarreformas legales de la ‘jurisdicción universal’ en Bélgica en el año 2003 y España en los años 2009 (PSOE) y 2014 (PP), son ejemplos de esta regresión, así justificada:

“(…) La jurisdicción universal puede usarse por motivos políticos o con fines vejatorios, y puede afectar negativamente al orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados, abusos potenciales de los procedimientos legales y privación de derechos humanos individuales” (I.B.C. Revue internationale de droit pénal, 2008/1, Vol. 79).

Quienes mantienen el actual orden mundial extrajeron lecciones sobre las potencialidades de la ‘jurisdicción universal’ -fácil accesibilidad, bajo coste y alta eficiencia- para utilizarla a favor de sus intereses. Comenzó el diseño de nuevas estrategias que les permitieran mantener su poder y capacidad de intervención cuando ello fuera necesario. Debido a los efectos políticos contraproducentes que tuvo la doctrina de la Seguridad Nacional -torturas, desapariciones forzadas, dictaduras, protestas sociales…-, desde el fin de la guerra fría los Estados Unidos no utilizan como primera opción la implantación de regímenes autoritarios si les es posible mantener el control sobre cualquier país por medios de apariencia más democrática.

La intervención jurídica se convierte en una opción eficaz siempre que exista un plan para alcanzar el fin buscado. El plan requiere una táctica -intervención jurídico-política para cooptar al poder judicial y operadores jurídicos -, unos recursos -escuelas y programas de formación de jueces y juristas- y unos objetivos: derrocar a los gobiernos que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas políticas que los dirigen e inhabilitar electoralmente y destruir políticamente a los líderes que los encabezan.

Los precedentes de esta estrategia jurídico-política los encontramos en la denominada “guerra contra el terrorismo” impulsada después del 11-S de 2001. Los EE.UU. intentaron crear una nueva interpretación del derecho aplicable a los conflictos armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la abismal diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario. Han intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en las leyes internas ni internacionales, como el “combatiente enemigo ilegal” o su derecho unilateral a “vigilar y ejecutar” con el que justifican la utilización de drones asesinos.

Un paso más ha sido la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la “corrupción”, aplicada de forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa latinoamericana que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la injerencia.

Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial.

En Colombia, desde la creación de la escuela de formación del poder judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, financiada por USAID, se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza ‘continental’ -imperio de la ley escrita- previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial -‘common law’ estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisión constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constitución, proceden a darle una nueva redacción actuando como una segunda y definitiva cámara legislativa.

En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e ‘indictments’ remitidos por la justicia estadounidense.

El plan diseñado para la expansión del ‘lawfare’ ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los inmoviliza políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente.

El poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional -en muchos casos se benefició de ella-, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales.

La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El ‘lawfare’ se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina. Tomado de El Diario

No son estudiantes, son delincuentes financiados por la derecha golpista

Por Marvin Sotelo

Yo no sé si Mark Zuckerberg estaba pensando en la magnitud que tendría la creación de Facebook cuando fue lanzado desde su dormitorio de la Universidad de Harvard el 4 de febrero de 2004, pero lo cierto es que, lo que comenzó siendo una propuesta dentro de un campus para conocerse en línea y ganar popularidad, se ha expandido a tal magnitud que en la actualidad es un poder capaz de movilizar a toda una población entorno a una matriz de opinión, que en la mayoría de los casos no está ni comprobada, ni justificada, pero maneja de manera excelente elementos claves de la psicología nacional de un pueblo y por tanto se convierte en una poderosa arma para alcanzar la hegemonía de la que tanto nos alertaba hace muchos años Antonio Gramsci.

Hace muchos años las redes sociales dejaron de ser simples espacios para conectarse con un amigo, un familiar, o un colega, y en su lugar convertirse en plataformas electorales, canales para manipular a votantes, incidir en tus gustos y compras, deseos y sentimientos, generar tus peores amenazas como el bullying adolescente con resultados catastróficos. Constituyen vías que emplean los asesinos en serie, el crimen organizado, los carteles de la droga para manejar sus negocios sucios. Pero sobre todo, las redes sociales son hoy el canal preferido de la derecha para montar toda una campaña mediática amparada en la “legitimidad” y “veracidad” que tiene cualquier video o foto subida a la red por un sujeto. Frente a esta aparente libertad de expresión maximizada, donde el simple poblador con un teléfono se siente “dueño de la realidad que lo circunda” ni los medios de comunicación tradicionales pueden competir.

En la actualidad las redes sociales y dentro de estas, Facebook, son plataformas organizadas y manejadas por grupos reducidos de personas capaces de hacer despertar a toda una población, sobre todo cuando se controlan, o se tiene acceso, a las empresas de telecomunicaciones que manejan la tecnología celular en un país y por tanto, tienen al alcance de un clic la oportunidad de inundar en pocos segundos, a toda una base de datos telefónica con mensajes, videos, fotos, infografías y cuantas variantes sean posibles para manipular o inducir un sentimiento popular con el calificativo de “genuino”, “espontáneo” y “auto convocado”.

Si todo esto se empleara para erradicar el hambre, la pobreza, o para promover una redistribución igualitaria y equitativa de las riquezas, todo habría sido una maravilla del intelecto humano. Pero en la práctica las redes sociales son una herramienta del poderío nacional para desestabilizar ahí donde el gobierno no es compatible con la “democracia representativa”, o los “intereses del imperio”.

Nicaragua hace casi 2 meses es un escenario donde todo este mecanismo diabólico se ha extendido con un saldo en víctimas doloroso y con una violencia particular que parece importada porque no caracteriza a la nobleza de este pueblo.

La intensa crisis política que atraviesa el país tiene un primer y gran calificativo que es la guerra psicológica montada y manipulada desde las redes sociales como si fuera un terremoto de magnitud 9.8 en la escala de Richter que arrasa con todo a su paso. Esta manipulación llega acompañada de una ola de violencia promovida por jóvenes que siempre aparecen encapuchados y enmascarados, vestidos de negro y fuertemente armados. Las imágenes se han convertido en una especie de ciclo que arrastra, sin lógica de ningún tipo, a la noble población nicaragüense que no puede evitar conmoverse una y otra vez ante los hechos vandálicos que la derecha ejecuta y luego aparece culpando al gobierno a través de las redes sociales.

En Nicaragua el 73.4 % de la población maneja internet desde la telefonía móvil, de estos, casi el 90% de los usuarios se conecta para acceder a las redes, en particular a Facebook y whatssapp. Siguiendo estas estadísticas se comprende que no es casual que, al calor de casi dos meses, los perfiles que han liderado la manipulación mediática, en particular la cuenta SOSNicaragua haya generado más de 200 millones de mensajes, la inmensa mayoría de estos, manipulados con una similitud espantosa a las guarimbas venezolanas.

El patrón es común, maximizar el número de fallecidos, enlistarlos a todos como su fueran “jóvenes que se manifiestan pacíficamente”, responsabilizar al gobierno de cada acto y demonizar a Daniel Ortega como responsable absoluto de todo cuanto acontece. El final es previsible, exigir una sola cosa “que se vayan los Ortega-Murillo”.

Ante esta realidad manipulada es imperioso, es necesario, es urgente que todos los humanistas del mundo y las personas sensatas nos detengamos delante de este escenario dantesco para preguntarnos quien está realmente detrás de toda esta madeja complejísima donde los atacados (simpatizantes sandinistas en su mayoría), resultan ser los opresores.

Desde ayer todos los medios internacionales y locales se hacen eco del reinicio del diálogo nacional en Managua y los primeros acuerdos alcanzados en la mesa de negociación después de una ola de violencia que parece apoderarse del país, a pesar de todos los intentos que hace el gobierno para impedirlo y restablecer la paz.

Ayer la mesa negociadora tardó más de 10 horas en un debate en el que parecía no se alcanzaría consenso porque la Alianza Cívica que integra a los grupos opositores, nuevamente intransigente en su postura golpista, ha sido incapaz de reconocer las consecuencias que ha provocado en Nicaragua el actuar insensato de un grupo de jóvenes que se dejaron asesorar, como ellos mismos refieren, por el ala más reaccionaria de la derecha nicaragüense.

Al calor de 10 horas de debate, donde sinceramente la Conferencia Episcopal no tiene ninguna voluntad mediadora, sino facilitadora de la agenda propuesta por la oposición, se trató una y otra vez el tema de los derechos humanos en franco desconocimiento y también manipulación de lo que significa y encierra este concepto sagrado.

La derecha insiste en supeditar los derechos humanos al trabajo de organizaciones internacionales que lleguen al país en el siguiente vuelo de American Airlines, sin comprender que la situación interna solo se compondrá en la medida en que sean lo suficientemente responsables y valientes para dar un paso al frente y desarmar a todos los grupos que han venido formando en el país en las últimas semanas, disque para protegerse de los ataques sandinistas. Con el respeto de toda la intelectualidad reunida en la Alianza Cívica, podrán llegar a Nicaragua cuantas comisiones sean creadas, que si la derecha no detiene los reales que pagan diariamente a los grupos delincuenciales, llenos de tatuajes por cierto muy similares a los mara de la región, esta ola de violencia no se detendrá en el país, ni hoy, ni mañana, ni nunca.

La insistencia de la derecha para exigir que estos organismos lleguen a Managua, recojan denuncias y se regresen a EEUU para procesarlas y así aplicar “justicia”, solo me hace pensar que en realidad el tema es un pretexto que han venido manipulando para poder contentar con migajas al pueblo que dicen representar, y lograr su único y principal propósito que es pasar a debatir la agenda democrática que les allanaría el camino para llegar al poder. La derecha no se preocupa tanto por los muertos que dicen representar, la derecha lo único que está haciendo es manipular en nombre de estos muertos, sagrados todos, un propósito golpista, dejando en manos de terceros una supuesta justicia, que no sabremos qué resultados dará a ciencia cierta, ni cuánta estabilidad nos aportará en las próximas semanas.

Diez horas de intenso trabajo ayer, en las cuales le otorgo todo el crédito al equipo del gobierno por su perseverancia, su paciencia y su respaldo a los derechos del pueblo nicaragüense. Diez horas para lograr acordar y anunciar, entre otras cosas, una Comisión de Verificación y Seguridad que le daría al pueblo la paz que tanto se demanda desde el mismo comienzo de la crisis política. Diez horas para llegar a un acuerdo que la derecha, de manera unilateral, echó por tierra diez minutos después en conferencia de prensa donde el joven Lesther Alemán declaró que no se levantarán los tranques porque son una expresión del pueblo “auto convocado” y Juan Sebastián Chamorro amenazó con la convocatoria de nuevos paros nacionales si el gobierno no acepta dialogar sobre los cambios democráticos del país.

¿A qué estamos jugando, a qué está apostando la derecha en Nicaragua, a erradicar a todos los sandinistas mientras avanza el diálogo y los que se dicen representantes del pueblo se mantienen arropados, bien dormidos y comidos en el INCAE, sin conocer lo que significa el dolor de un familiar fallecido? ¿De verdad piensa la derecha en Nicaragua que bastan diez horas para derrocar a un gobierno legalmente constituido, legítimamente oficializado, representante de un estado de derecho entre los más avanzados de la región, a pesar de ser Nicaragua el segundo país más pobre de América Latina?

En todo esto hay una lógica que pocos han denunciado y es que mientras más se agotan los recursos al alcance de la derecha para llegar al poder y concretar el golpe, más se incrementa la violencia en el país. Como es posible que el gobierno de Nicaragua, en estos momentos respaldado por la OEA, EEUU, sectores diversos en el país que van más allá de las bases sandinistas que representan el 38% de los votantes, dispuesto no una, sino dos veces a permitir que la CIDH acompañe el proceso de investigación y aplicación de justicia, sea el promotor, el comisor, el responsable de los actos de violencia contra sus propios simpatizantes sandinistas. Esto solo me conduce a una respuesta lógica y es que la derecha se siente acorralada, perdida, desgastada y solo tiende a reaccionar como único sabe comportarse, de manera errática y violenta.

¿Dónde están las pruebas de la derecha para responsabilizar al gobierno? ¿Un video subido a YouTube donde aparecen jóvenes vestidos de uniforme policial junto a grupos enmascarados disparando contra la población? ¿Pero donde vive la derecha nicaragüense, consideran que aquí la población no piensa porque no es instruida como muchos de ellos en universidades norteamericanas? Una y otra vez se han reportado robo de uniformes policiales, intentos de compra de estos uniformes a las maquilas en zona franca, lo cual ha sido denunciado por los sindicatos que aquí existen. Es muy fácil vestirse de policía cuando robaste esta insignia y manipular a la población en el esquema de guerra psicológica que hoy persiste con fuerza en Nicaragua.

Nadie se cuestiona que lo primero que hizo la derecha fue atacar con toda su fuerza al órgano policial y “voltearle el calcetín”, mostrarlo como principal responsable y manipular el tema una y otra vez en las redes sociales, como lo están haciendo ahora. Es doloroso decirlo, pero la población está tan manipulada que aunque no se vea a un policía ni en 500 leguas a la distancia la primera reacción espontánea frente a las cámaras de 100 % Noticias, es culpar a la Juventud Sandinista o a la policía nacional. Es un ciclo diabólico, mientras más acuerdos se toman y el gobierno muestra más su voluntad de dialogar, más la derecha se molesta, habla de dilación y recrudece la violencia.

Solo una precisión para los que subieron el video de los policías junto con los enmascarados, con el propósito de ayudarlos a ser más coherentes con sus mentiras: la policía nicaragüense cuando sale no lo hace de esa manera, al menos los videos que ustedes mismos mostraron desde el 18 de abril para sustentar la “represión policial contra los estudiantes que no eran delincuentes” reflejan a la policía anti motín usando otro tipo de armas, escudos de protección, cascos, un uniforme diferente. Pero claro, cualquier explicación lógica llevaría varios párrafos y sería difícil que compita contra la consigna que está de moda “son las turbas y los policías”.

Así son las incoherencias de la oposición desesperada. La misma derecha que desde el pasado 18 de abril, cuando no habían pasado ni 48 horas de las primeras protestas disque para derogar las reformas al INSS, demandaron al gobierno dar la orden a la policía de retirarse a sus cuarteles. Insistieron tanto en el tema que hasta, Lesther Alemán increpó directamente al presidente Ortega exigiéndole dar esta orden, curiosamente en un país donde “no hay libertad de expresión, ni respeto a otro tipo de libertades”. Ahora la derecha responsabiliza al gobierno de no tener control en Nicaragua sobre grupos delincuenciales que han ingresado al país y están operando, algunos por su cuenta para controlar territorio al estilo del flagelo que afecta a todos los países centroamericanos, y otros financiados por la propia derecha para culpar al gobierno sandinista. Son argumentos que parecen de novela, pero es así como se comporta hoy la derecha en Nicaragua.

https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/06/nicaragua-entre-las-incoherencias-de-la-oposicion-y-la-necesidad-del-dialogo-y-la-reconciliación/

Lo que no menciona la derecha es que ayer incendiaron la casa del comisionado de la policía en Masaya como señal de castigo a la resistencia ofrecida por este y los oficiales bajo su mando dentro de la sede policial, precisamente de Masaya, que hace más de 20 días está expuesta a un constante ataque mediático y psicológico por grupos opositores, similar al de la década del 70, cuando se estaba luchando contra la dictadura de Somoza, un tanto para tratar de homologar a la policía nacional de hoy con aquellos esbirros, y también porque es el único método que dominan los ex comandantes guerrilleros que hace más de 20 años integran la extrema derecha en Nicaragua y son ante todo pro imperialistas.

Lo que tampoco dice la derecha es que ayer en Nagarote un directivo de la Comisión Permanente por los Derechos Humanos (CPDH), supuestamente imparcial, que solo vela por la justicia y el buen procesamiento de los delitos y la violencia, se personó en la estación de la policía para demandar que depusieran sus armas, abandonaran el cuartel en nombre de los supuestos asesinados por el gobierno y a cambio se les perdonaría la vida.

Una de las tantas manipulaciones mediáticas, de las más inescrupulosas en mi opinión, son las versiones que ofrece hoy el canal 100 % Noticias sobre el incendio ocurrido en el barrio Carlos Marx donde perdieron la vida nicaragüenses inocentes. Un grupo de armados financiados por la derecha que iban huyendo de la policía que operaba en el barrio Villa Liba para detener a los delincuentes, llegaron a la casa de los colchones en la localidad Carlos Marx y exigieron que los dejaran entrar para dispararle a la policía desde la azotea en mejor posición de tiro, al negarles el ingreso decidieron pegarle fuego al negocio, al cual por cierto venían asediando en los últimos días grupos delincuenciales que operan en el sector de la UPOLI. El canal 100% Noticias no habla de esta versión, solo refiere que supuestos francotiradores de la policía nicaragüense querían subirse al techo de la casa, cambiando toda la lógica de la historia que circula en las redes.

Cada fin de semana la derecha incrementa la matriz de violencia en la ciudad. Hoy grupos armados de la derecha asesinaron y le prendieron fuego al militante del Frente Sandinista Francisco Arauz Pineda. Los ataques contra sedes policiales, instituciones públicas, simpatizantes sandinistas, se incrementaron, todo en nombre de la democracia. Insisto, todo esto pasa en un país donde supuestamente no hay libertad de expresión pero cualquier periodista tiene la oportunidad de increpar personalmente al Canciller de la República Denis Moncada y manipular la información, la policía reprime y la derecha, incluida por burgueses y sector privado, en un repentino ataque de reivindicación nacionalista “defiende y representa al pueblo” mientras que los sandinistas son una plaga que se debe exterminar.

Según la derecha Nicaragua es aquel extraño lugar al que llegó Alicia en el país de las maravillas. Pero los nicaragüenses que estamos siguiendo el diálogo nacional hemos tenido la oportunidad de observar como el equipo del gobierno ha luchado desde el primer momento para que se tenga en cuenta nuestro derecho a vivir en paz y se refleje en un acuerdo, que hasta los propios obispos han obstaculizado pero dejamos en manos de dios juzgarlos. Todos hemos visto como la derecha, que dice no tener intereses políticos electorales pero quería integrar una junta de gobierno, insiste en hablar de reformas electorales y cambios institucionales cuando la violencia se apodera del país.

Todo esto, sin dudas saldrá a relucir en un proceso electoral más tarde o más temprano. Cuando pierda por cuarta vez consecutiva la derecha, entonces regresarán a la matriz de fraude electoral, falta de transparencia y corrupción; aun cuando la OEA, la ONU, la UE, el Centro Carter, y todos los que han convocado, estén observando su derrota. Frente a esta insensatez que se ha desatado en el país solo tenemos una cosa clara, el gobierno de reconciliación devolverá la paz a esta tierra de lagos y volcanes desde el infinito amor que lo caracteriza.

Violencia y mentiras: las dos armas de la derecha en Nuestra América

Por Patricio Montesinos

La violencia y las mentiras son hoy las dos armas principales  utilizadas por la derecha internacional  y particularmente la de este hemisferio para pretender destronar a los gobiernos progresistas que en Nuestra América resisten frente a la actual embestida neoliberal orquestada desde Estados Unidos.

Ya los mal llamados “golpes blandos” aplicados hace pocos años en Paraguay  y  Brasil parecen no estar  muy de moda, a juzgar por los hechos más recientes. Ahora los preferidos de Washington y la oligarquía regional son evidentemente los “golpes callejeros”, experimentados primero en Venezuela, con las denominadas guarimbas, y en las últimas semanas en una versión casi idéntica en Nicaragua.

Llama la atención que los protagonistas de esos “golpes callejeros” no tienen caras visibles, ni siquiera de supuestos opositores que busquen liderazgo político. Son  jóvenes, en su mayoría con potencial delictivo, que esconden sus rostros y los de quienes realmente les pagan para hacer destrozos, asesinar a sus propios compatriotas y crear el caos.

Portan “armas rústicas”, sí, pero atención, causan daños y muertes similares a las convencionales, y  por supuesto son financiadas y construidas fuera del territorio donde son usadas.

Mientras ellos destruyen y crean  terror, la oligarquía a través de los grandes medios de prensa que controla, y de las redes sociales, se encarga de propagar  mentiras y más mentiras. Denominan  rebeldes a los violentos y acusan a los gobiernos populares de reprimir a los “opositores pacíficos”.

Denigran reiteradamente de las autoridades, y las califican de autoritarias  y  antidemocráticas aunque hayan llegado al poder tras vencer  a débiles partidos conservadores en elecciones justas, como son los casos de la Venezuela Bolivariana  y la Nicaragua Sandinista.

Repiten tanto esas falsedades que hasta algunos ilusos, ingenuos o mal intencionados dentro de las filas progresistas asumen posturas críticas y nada constructivas que dañan la imprescindible unidad que necesita la Patria Grande para evitar que nuevamente la conviertan en el traspatio de Estados Unidos.

Venezuela y Nicaragua son en estos momentos dos fichas claves a derribar en Latinoamérica y el Caribe para que Washington recupere su dominio en la región, como también lo es Bolivia, por lo que es vital cerrar filas en la defensa de esas naciones soberanas e independientes.

Solo la unidad y la solidaridad pueden dar al traste con los claros propósitos de Estados Unidos, empeñado a fondo a la vez en impedir que Colombia viva definitivamente en paz, que el expresidente Lula Da Silva sea candidato y triunfe en los comicios presidenciales brasileños de este año, y que Manuel López Obrador haga lo mismo en los comicios mexicanos del 1 de julio venidero.

#Nicaragua: Canciller denuncia intento de golpe de Estado

El gobierno denunció un intento de "golpe de Estado" en la reanudación de la mesa de diálogo nacional, en la que se planteó este miércoles una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.

“Observamos que la Agenda que se entregó y que lamentablemente continúa la Agenda sin recibirla previamente, pero que ya hoy Monseñor se comprometió a que sea distribuida la Agenda que permita organizar las conversaciones, diálogo a todos los participantes con anticipación, así como los tiempos intermedios para poder analizar las situaciones previa votación”, expresó el canciller Denis Moncada.

“La Agenda que estamos viendo, Monseñor Álvarez estimados miembros de la Conferencia Episcopal, si ustedes se fijan tiene aproximadamente 40 puntos y es una Agenda que al verla en su forma concentrada, nos lleva a un solo punto: El diseño de una ruta para un Golpe de Estado, la ruta para cambiar el Gobierno de Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua, violando la Constitución, violando las Leyes”, añadió.

“Quiero dejar eso sentado porque realmente la Agenda planteada a eso nos conlleva en una reflexión sintetizada en una observación y un análisis integrado, pero el problema aquí fundamental es que tratar 40 puntos, mientras nuestra población languidece producto de los tranques, causando daños económicos, daños sicológicos, daños físicos, parálisis de la economía, obstrucción de las carreteras y las vías, parálisis del transporte, estamos realmente en una situación de violación total de derechos humanos, de afectación de la economía del país y llevando al país a una crisis y a una situación en donde probablemente revertir el daño que se le está provocando a Nicaragua, en términos económicos, en términos sicológicos, en términos afectivos, en términos de la educación, quién sabe cuánto tiempo nos llevará esto”, dijo.

Moncada solicitó también retomar el caso de los tranques que están afectando a la población.

"No a la violencia, venga de donde venga"

En ese sentido el diputado del FSLN, Edwin Castro Rivera, destacó que se había establecido discutir este miércoles la libre circulación y la no violencia venga de donde venga, el derecho al trabajo, “eso lo que usted dijo y es lo que estamos pidiendo y reclamando”.

Agregó que no se podía entrar en otros temas “que dicho sea de paso es bien cuestionable y  lo dijo el secretario general de la OEA, en su momento me referiré, pero lo que aquí tenemos que discutir y que el pueblo de Nicaragua que nos está viendo quiere es su libertad a circular, a trabajar, su libertad a estudiar su seguridad personal sin que los tranques le cuarten esa libertad, creo que es lo primero que tenemos que ver aquí, que es lo primero, constitucionalmente, lo que nuestro pueblo está exigiendo”, agregando que la mesa de diálogo no se puede hacer oídos sordos a ese clamor.

Señaló que lo que se debería discutir en esa Agenda de hoy, es precisamente lo que se había indicado en la última reunión y que está reflejado en el comunicado anterior que entre otros temas plantea “abogar por la No Violencia, venga de donde venga, la libre circulación de todo el pueblo y el derecho al trabajo”.

“Esos fueron parte de los elementos que quedaron expresados para retomar el día de hoy”, reiteró.

“Nosotros tocamos el punto de Agenda porque con seriedad, con seriedad, si nosotros analizamos la Agenda de hoy, y lo voy a reiterar, y lo voy a repetir, porque esa es la apreciación que tenemos como Gobierno, está diseñada una Agenda que conduce sobre una ruta supuestamente protegida, o camuflada, con Estado de Derecho y legitimidad pero que en el fondo lo que lleva es precisamente una acción por la vía fáctica camuflada de jurídico, para dar al traste con el Gobierno legítimo actual, con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, recalcó el Canciller.

El Canciller insistió en que se deberían establecer Agendas consensuadas previamente antes de entrar al debate.

“No es procedente continuar debatiendo con agendas que no han sido previamente debatidas, discutidas, de una forma y procuradas con el Acuerdo de todos. Ese es un camino viable para continuar la conversación, el diálogo en este Marco”, dijo.

“Si recuerdan ustedes en la sesiones anteriores estábamos insistiendo en el cese inmediato de todo acto de violencia, el construir la tregua en una actitud ciudadana permanente, el estado normal para poder convivir normalmente todo nuestro pueblo, toda nuestra ciudadanía; suspender y poner fin a los tranques y la eliminación de todo tipo de obstáculos en la vía pública, es el tema central que terminamos discutiendo la vez pasada y que coincidimos y dejamos anotado que debíamos tomarlo hoy”, refirió.

Y con ello garantizar por todos, el pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política y leyes de la República.

“Es decir, ese el concierto de país, Nación, estado, de legalidad, de Estado de Derecho en el que estamos funcionando. Si hablamos de democratizar y pretendemos partir de llegar a la vía fáctica, no haremos democratización, no se hará la democratización por esa vía”, añadió. (Pensando Américas-Radio La Primerísima)

Maduro gana las elecciones presidenciales con más del 60% de los votos

Foto: AVN.

Nicolás Maduro Moros logró un segundo mandato al frente de Venezuela luego de alzarse con la victoria en los comicios presidenciales de este domingo en con más de 5.823.728 millones de los votos, lo que representa el 67,7 por ciento de los votos.

Con un porcentaje de participación de 48 por ciento, el aspirante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) permanecerá otros seis años en el Palacio de Miraflores.

El candidato opositor Henri Falcón quedó segundo en la carrera presidencial, con más de 1,8 millones de boletas (21.1 por ciento). Antes de conocer el resultado, el aspirante de Alianza Progresista (AP) desconoció los resultados.

Foto: AVN.

El pastor evangélico Javier Bertucci logró poco más de 900.000 votos y, minutos antes del primer boletín oficial del Poder Electoral, aseguró que reconocería los resultados si la ventaja con respecto al candidato oficialista era suficientemente amplia.

En las inmediaciones del Palacio de gobierno, los simpatizantes del presidente Maduro salieron a festejar el triunfo electoral.

Un total 20.526.978 venezolanos en el país y 107.284 residenciados en el extranjero están habilitados para ejercer su derecho al voto en los 14.638 centros de votación y 34.143 mesas electorales distribuidas en todo el país.

La jornada electoral comenzó a las 06H00 hora local (10H00 GMT) y finalizó a las 18H00 (22H00 GMT). Los comicios contaron con un Plan de Acompañamiento Internacional, con 150 participantes de todo el mundo.

Entre los acompañantes estaban políticos, académicos, parlamentarios, intelectuales, periodistas y personalidades de América Latina, El Caribe, Europa, África, América del Norte y Asia.

Perfil y propuestas de Nicolás Maduro
Nicolás Maduro fue presidente encargado de Venezuela en marzo de 2013, tras la partida física del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez. En abril de ese año, ganó las elecciones con el 50,61 por ciento de los votos, para el periodo 2013-2019.

Anteriormente, ocupó los cargos de diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (1999), diputado de la Asamblea Nacional (2000 – 2006), presidente de la Asamblea Nacional (2005), canciller (2006-2012) y vicepresidente de Venezuela (2013).

Maduro durante acto de campaña anterior a los comicios. Foto: Reuters.

Su propuesta electoral está contenida en el Plan de la Patria 2019 – 2025, que contiene 30.000 ideas de las bases populares. Estos son algunos puntos fundamentales:

• Consolidar la educación pública y gratuita y lograr el 100 por ciento de escolaridad.
• Expandir el sistema de salud pública, gratuita y de calidad. Mejorar el sistema de salud de familia, primaria y comunitaria.
• Alcanzar la entrega de los 5 millones de hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
• Fortalecer el Carnet de la Patria para proteger a 16 millones 500 mil venezolanos, de manera integral, y el Sistema de Bonos para ayuda económica a 5 millones de hogares o más.
• Consolidar los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), los mercados del Campo Soberano, los sistemas de precios justos y el cambio de la moneda venezolana.
• Impulsar El Petro y mantener en marcha la gran revolución económica para vencer el asedio internacional.

(Con información de RT en Español y Telesur)