Las nuevas dictaduras latinoamericanas

MAR 1

Publicado en Resumen Latinoamericano

El ascenso autoritario

La radicalización reaccionaria de los gobiernos de países como Paraguay, Argentina, Brasil, México u Honduras comienza a generar la polémica en torno de su caracterización.

Ninguno de esos regímenes ha sido el resultado de golpes de estado militares, en los casos de Brasil, Honduras o Paraguay la destitución de los presidentes fue realizada (parodia constitucional mediante) por el poder legislativo en combinación más o menos fuerte con los poderes judicial y mediático. En Brasil la Presidencia pasó a ser ejercida por el vicepresidente Temer (ungido por un golpe parlamentario) cuyo nivel de aceptación popular según diversas encuestas rondaría apenas el 3 % de los ciudadanos. En Paraguay ocurrió lo mismo, y el presidente destituido fue remplazado por el vicepresidente a través de un procedimiento parlamentario express y luego fueron realizada elecciones presidenciales que consagraron a Horacio Cartes un personaje de ultraderecha claramente vinculado al narcotráfico.

En Honduras se realizaron elecciones presidenciales en noviembre 2017[1], la “Alianza de Oposición contra la Dictadura” había ganado claramente pero el gobierno haciendo honor al calificativo con que lo había marcado la oposición consumó un fraude escandaloso afirmando así la continuidad del dictador Juan Orlando Hernandez.

Un caso por demás curioso es el de Argentina donde se realizaron en 2015 elecciones presidenciales en medio de una avalancha mediática, económica y judicial sin precedentes contra el gobierno y favorable al candidato derechista Maurizio Macrì. El resultado fue la victoria de Macrì por escaso margen quien apenas asumió la presidencia avanzó sobre los otros poderes del estado logrando al poco tiempo de hecho la suma del poder público. Si a esa concentración de poder le agregamos el control de los medios de comunicación y del poder económico nos encontramos ante una pequeña camarilla con una capacidad de control propia de una dictadura. Completa el panorama el comportamiento cada vez más represivo del gobierno que por primera vez desde el fin de la dictadura militar en 1983 ha decidido la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos mediante la constitución de una “fuerza militar de despliegue rápido” integrada por efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica y la conformación de una fuerza operativa conjunta con la DEA utilizando la excusa de la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”[2]. De ese modo Argentina se incorpora a una tendencia regional impuesta por los Estados Unidos de reconversión convergente de las Fuerzas Armadas convencionales, las policías y otras estructuras de seguridad en policias-militares capaces de “controlar” a las poblaciones de esos países. No siguiendo el viejo estilo conservador-cuartelario inspirado en la “doctrina de seguridad nacional” sino estableciendo espacios sociales caóticos inmersos en el desastre, precisamente atravesados por el narcotráfico (promovido, manipulado desde arriba) y otras formas de criminalidad disociadora siguiendo la doctrina de la Guerra de Cuarta Generación.

En México como sabemos se suceden los gobiernos fraudulentos inmersos en una creciente ola de barbarie y en Colombia la abstención electoral tradicionalmente mayoritaria llegó recientemente a cerca de dos tercios del padrón electoral[3] adornada por un muy publicitado “proceso de paz” que logró la rendición de las FARC asegurando al mismo tiempo la preservación de la dinámica de saqueos, asesinatos y concentración de ingresos que caracteriza tradicionalmente a ese sistema. En estos dos casos no nos encontramos ante algo “nuevo” sino frente a regímenes relativamente viejos que fueron evolucionando hasta llegar hoy a constituir verdaderos ejemplos exitosos de aplicación de las técnicas más avanzadas de desintegración social. La tragedia de esos países muestra el futuro que aguarda a los recién llegados al infierno.

El panorama queda completado con las tentativas de restauración reaccionaria en Bolivia y Venezuela. En el caso venezolano la intervención directa de Estados Unidos busca recuperar (recolonizar) la mayor reserva petrolera del mundo en momentos en que el reinado del petro-dolar (fundamento de la hegemonía financiera global del Imperio) entra en declinación rápida ante el ascenso de China (el mayor comprador internacional de petróleo) que busca imponer su propia moneda respaldada por oro (el petro-yuan-oro) en alianza presisamente con Venezuela y otros gigantes del sector energético como Rusia e Irán.

En Bolivia el aparato de inteligencia imperial realiza una de sus manipulaciones de manual inspirada en la doctrina de la Guerra de Cuarta Generación. Pone en acción sus apéndices mediáticos locales y globales intentando desplegar la histeria (en este caso racista) de franjas importantes de las clases medias blancas y mestizas contra el presidente indio. Aquí no solo se trata de barrer a un gobierno progresista sino de apropiarse de las reservas de litio, las mayores del mundo (según distintas prospecciones Bolivia contaría con aproximadamente el 50 % de las reservas de litio del planeta), pieza clave en la futura reconversión energética global.

Principales características

Las actuales dictaduras tienen todas la característica de presentar una imagen civil con apariencia de respeto a los preceptos constitucionales, manteniendo un calendario electoral con pluralidad de partidos y demás rasgos de un régimen democrático de acuerdo a las reglas occidentales. Por otra parte no nos encontramos ante mecanismos explícitos de censura y aunque marginales o en posiciones muy secundarias se escuchan algunas voces divergentes. Los prisioneros políticos pasan casi siempre por los juzgados donde los jueces los condenan de manera arbitraria pero aparentando apoyarse en las normas legales vigentes. Los asesinatos de opositores son minimizados u ocultados por los medios de comunicación y quedan por lo general envueltos por mantos de confusión que diluyen las culpas estatales amalgamando de manera sistemática los crímenes políticos con las violencias policiales contra pobres y pequeños delincuentes sociales y represiones a las protestas populares

Esa máscara democrática, prolijamente desprolija, resulta ser lo que es: una máscara, cuando constatamos que los medios de comunicación convertidos en un instrumento de manipulación total de la población están controlados por monopolios como el grupo Clarín en Argentina, O Globo en Brasil o Televisa en México cuyos propietarios forman parte del estrecho círculo del Poder. O cuando llegamos a la conclusión de que el sistema judicial está completamente controlado por ese círculo del que participan los principales intereses económicos (transnacionalizados) manejando a discreción al aparato policial-militar. Y que en consecuencia los partidos políticos significativos, los medios de comunicación, las grandes estructuras sindicales y otros espacios de potencial expresión de la sociedad civil están estratégicamente controlados (más allá de ciertos descontroles tácticos) mediante una embrollada maraña de represiones, chantajes, crímenes selectivos, abusos judiciales, bombardeos mediáticos apabullantes disociadores o disciplinadores y fraude electoral más o menos descarado según el problema concreto a resolver.

El nuevo panorama ha provocado una notable crisis de percepción donde la realidad choca con principios ideológicos, conceptualizaciones y otras componentes de un “sentido común” heredado del pasado. No somos víctimas de un rígido encuadramiento de la población con pretensiones totalitarias explícitas anulando toda posibilidad de disenso, buscando integrar al conjunto de la sociedad a un simple esquema militar, sino ante sistemas flexibles, en realidad embrollados, que no intentan disciplinar a todos sino más bien desarticular, degradar a la sociedad civil convirtiéndola en una víctima inofensiva, apabullada por la tragedia.

No se presentan proyectos nacionales desmesurados, propios de los militares “salvadores de la patria” de otros tiempos o imágenes siniestras como la de Pinochet, ni siquiera discursos hiper optimistas como el de los globalistas neoliberales de los años 1990 o personajes cómicos como Carlos Menem, sino presidentes sin carisma, por lo general torpes, aburridos repetidores de frases banales preparadas por los asesores de imagen que conforman una red regional globalizada de “formadores de opinión” made in USA.

En suma, las dictaduras blindadas y triunfalistas del pasado parecen haber sido reemplazadas por dictaduras o protodictaduras grises que ofrecen poco y nada montadas sobre aplanadoras mediáticas embrutecedoras. Siempre por detrás (en realidad por encima) de estos fenómenos se encuentran el aparato de inteligencia de los Estados Unidos y los de algunos de sus aliados. La CIA, la DEA, el MOSSAD, el M16 según los casos manipulan los ministerios de seguridad o de defensa, los de relaciones exteriores, las grandes estructuras policiales de esos regímenes vasallos y diseñan estrategias electorales fraudulentas y represiones puntuales.

Capitalismo de desintegración

Se forjan así articulaciones complejas, sistemas de dominación donde convergen élites locales (mediáticas, políticas, empresarias, policial-militares, etc.) con aparatos externos integrantes del sistema de poder de los Estados Unidos.

Estas fuerzas dominan sociedades marcadas por lo que podría ser calificado como “capitalismo de desintegración” basado en el saqueo de recursos naturales y la especulación financiera, y la creciente marginación de población, radicalmente diferente de los viejos capitalismos subdesarrollados estructurados en torno de actividades productivas (agrarias, mineras, industriales). No es que en los viejos sistemas no existiera el saqueo de recursos ni el bandidaje financiero, en algunos momentos y países ocupaban el centro de la escena pero en el largo plazo y en la mayor parte de los casos quedaban en un segundo plano. La superexplotación de la mano de obra y el acaparamiento de las ganancias productivas aparecían como los principales objetivos económicos directos de aquellas dictaduras.

Tampoco es cierto que ahora las élites dominantes se desinteresen de los salarios o de la propiedad de la tierra, por el contrario desarrollan una amplio abanico de estratagemas destinadas a reducir los salarios reales y adueñarse de territorios, ya que si en los viejos capitalismos no existía solamente producción sino también especulación y saqueo, en los actuales la base productiva, en retracción a causa del pillaje desmesurado, sigue siendo una fuente importantisima de beneficios. Sin embargo su preservación, su reproducción en el largo plazo no está en el centro de las preocupaciones cotidianas de las élites atrapadas psicológicamente por la dinámica parasitaria de la especulación financiera y su entorno de negocios turbios.

Entre otras cosas porque en el actual imaginario burgués ha desaparecido el largo plazo, sus operaciones más importantes están regidos por el corto plazo lumpecapitalista. En el saqueo de recursos naturales a través de la megaminería a cielo abierto, de la extracción de gas y petróleo de esquisto o de la agricultura basada en transgénicos, se utilizan tecnologías orientadas por la velocidad del ritmo financiero al servicio de gente que no tiene tiempo ni interés para dedicarse a temas tales como la salud de la población afectada, el equilibrio ambiental y otras áreas impactadas por los “daños colaterales” del éxito empresario (financierización del cambio tecnológico, la cultura técnica dominante como auxiliar del saqueo).

Estos capitalismos de desintegración son conducidos por élites que pueden ser caracterizadas como lumpenburguesías, burguesías principalmente parasitarias, transnacionalizadas, financierizadas, oscilando entre lo legal y lo ilegal, crecientemente alejadas de la producción. Son inestables no por accidentes de la coyuntura sino por su esencia decadente. Por encima de ellas se encuentran las grandes potencias y sus élites embarcadas desde hace tiempo en el camino de la degradación, en un planeta donde los productos financieros derivados representaban a fines de 2017 unas siete veces el Producto Bruto Global, donde la deuda global total (pública más privada) era de casi tres veces el Producto Bruto Global, donde solo cinco grandes bancos estadounidenses disponían de “activos financieros derivados” por unos 250 billones de dólares (13 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos), donde sumadas las ocho personas más ricas del mundo disponen de una riqueza equivalente al 50 % de la población mundial (los más pobres).

La formación y encumbramiento de esas élites latinoamericanas son el resultado de prolongados procesos de decadencia estructural y cultural, de un subdesarrollo que incluyó hace ya varias décadas componentes parasitarias que se fueron adueñando del sistema, lo fueron carcomiendo, envenenando, pudriendo, siguiendo la lógica sobredeterminante del capitalismo global, no de manera mecánica sino imponiendo especificidades nacionales propias de cada degeneración social.

Por debajo de esas élites aparecen poblaciones fragmentadas, con trabajadores integrados desde el punto de vista de las normas laborales vigentes separados de los trabajadores informales, precarios. Con masas crecientes de marginales urbanos, de pobres e indigentes estigmatizados por los medios de comunicación, despreciados por buena parte de las clases integradas que se van achicando en la medida en que avanzan los procesos de concentración económica y pillaje de riquezas.

No se trata entonces de espacios sociales estancados, segmentados de manera estable sino de sociedades sometidas a la reproducción ampliada de la rapiña elitista transnacionalizada, a la sucesión interminable de transferencias de ingresos de abajo hacia arriba y hacia el exterior, a la degradación ascendente de la calidad de vida de las clases bajas pero también de porciones crecientes de las capas medias.

Algunos autores se refieren al fenómeno calificándolo de “neoliberalismo tardío”[4], algo así como un regreso a los paradigmas ideológicos neoliberales que tuvieron su auge en los años 1990 pero en un contexto global desfavorable a ese retorno (ascenso del proteccionismo comercial, declinación de la unipolaridad en torno de los Estados Unidos, etc.). Nos encontraríamos entonces frente a una aberración histórica, un contrasentido económico y geopolítico protagonizado por círculos dirigentes empecinados en su subordinación al Imperio norteamericano, interrumpiendo la marcha normal, racional, progresista y despolarizante que predominaba en América Latina. Las derechas latinoamericanas se encontrarían embarcadas en un proyecto a contramano de la evolución del mundo.

Pero ocurre que el mundo no se encamina hacia una nueva armonía, un nuevo ciclo productivo, sino hacia la profundización de una crisis de larga duración, iniciada hace casi medio siglo. La misma se caracteriza entre otras cosas por la declinación tendencial de las tasas de crecimiento de las economías capitalistas centrales tradicionales y la hipertrofia financiera (financierización de la economía global) impulsando el quiebre de normas, legitimidades institucionales y equilibrios socioculturales que aseguraban la reproducción de la civilización burguesa más allá de las turbulencias políticas o económicas. La mutación parasitaria-depredadora del capitalismo tiene como centro a Occidente articulado en torno del Imperio norteamericano pero envuelve al conjunto de la periferia y también afecta a potencias emergentes como China o Rusia muy dependientes de sus exportaciones donde los mercados de Europa, Estados Unidos y Japón cumplen un papel decisivo. Así es como la tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno de China se vienen desacelerando y la economía rusa oscila entre la recesión, el estancamiento y el crecimiento anémico.

Un aspecto esencial de la nueva situación global es el carácter abiertamente devastador de las dinámicas agrarias, mineras e industriales motorizadas tanto por la potencias tradicionales como por las emergentes, cuyos efectos han dejado de ser una borrosa amenaza futura para convertirse en un desastre presente que se va amplificando año tras año.

Todo ello nos debería llevar a la conclusión de que los regímenes reaccionarios de América Latina no tienen nada de tardío, de desactualizado, de desubicación histórica sino que son la expresión de la podredumbre radical de sus élites, de su mutación parasitaria enlazada con un fenómeno global que las incluye. Lo que nos permite descubrir no solo la fragilidad histórica, la inestabilidad de esas burguesías, tan prepotentes y voraces como enfermas, sino también las vanas ilusiones progresistas negadoras de la realidad, que al calificar de tardío al lumpencapitalismo dominante lo marcan como anormal, anómalo, a destiempo, alentando la esperanza del retorno a la “normalidad” de un nuevo ciclo de prosperidad en la región, más o menos keynesiano, más o menos productivo, más o menos democrático, más o menos razonable, ni muy derechista ni muy izquierdista, ni tan elitista ni tan populista. El sujeto burgués de ese horizonte burgués fantasioso solo está en su imaginación, la marcha real del mundo lo ha convertido en un habitante fantasmagórico de la memoria. Mientras tanto los grandes “empresarios”, los círculos concretos de poder, participan de cuerpo y alma en la orgía de la devastación, tan desinteresados en el largo plazo y el desastre social y ambiental como en la racionalidad progresista (a la que consideran un estorbo, una traba populista al libre funcionamiento del “mercado”).

Reacciones populares y profundización de la crisis

La gran incognita es la que se refiere al futuro comportamiento de las grandes mayorías populares que fueron afectadas tanto desde el punto de vista económico como cultural por la decadencia del sistema. Las élites pudieron aprovechar la desestructuración, las irracionalidades sociales generadas por un fenómeno perverso que atravesó tanto las etapas derechistas como las progresistas. Durante los períodos de gobiernos de derecha civiles o militares promoviendo y garantizando privilegios y abusos de todo tipo, afirmando un “sentido común“ egoísta, disociador, subestimador de identidades culturales solidarias. Pero cuando llegaron las experiencias progresistas esas élites utilizaron la degradación social existente, la fragmentación neoliberal heredada (enlazada en algunos casos con tradiciones de marginación muy enraizadas) impulsando irrupciones racistas, neofascistas de las capas medias extendidas a veces hasta espacios medio-bajos donde se mezclan el pequeño comerciante con el asalariado integrado (en consecuencia por encima del marginado, del precario).

Vimos así en Brasil, Argentina, Bolivia o Venezuela movilizaciones histéricas de clases medias urbanas neofascistas exigiendo las cabezas de los gobernantes “populistas”, manipuladas por los medios de comunicación y los poderes económicos que el progresismo había respetado como parte de su pertenencia al sistema (admitida abiertamente, silenciada o negada de manera superficial o insuficiente).

Ahora las llamadas restauraciones conservadoras o derechistas no están restaurando el pasado neoliberal sino instaurando esquemas de devastación nunca antes vistos. Pudieron triunfar gracias a las limitaciones y desinfles de progresismos acorralados por las crisis de sistemas que ellos pretendían mejorar, reformar o en algunos casos superar de manera indolora, gradual, “civilizada”.

Pero las crisis nacionales no se detienen, por el contrario son incentivadas por los comportamientos saqueadores de las derechas gobernantes que siguen practicando sus tácticas disociadoras, de embrutecimiento colectivo, buscando generar odio social hacia los pobres. Los medios de comunicación trabajan a pleno detrás de esos objetivos y como la declinación económica avanza empujada por las políticas oficiales y por la marcha de la crisis global, las manipulaciones mediáticas comienzan a demostrarse impotentes ante la marea ascendente de protestas populares. La virtualidad del marketing neofascista empieza a ser desbordado por la materialidad de las penurias no solo de los pobres sino también de capas medias que se van empobreciendo. Males materiales que al amplificarse les abren la puerta a la rebeldía de quienes nunca fueron engañados y de los que han sido embaucados. Es así como en Brasil el repudio popular al gobierno de Temer es abrumador o en Argentina la imagen edulcorada de Macri se va diluyendo velozmente mientras se extienden las protestas populares.

La represión, la militarización de los gobiernos de derecha aparece entonces como alternativa de gobernabilidad, las dinámicas dictatoriales de esos regímenes van engendrando dispositivos policial-militares con la esperanza de controlar a los de abajo, van funcionando con cada vez mayor intensidad los mecanismos de “cooperación hemisférica”: operaciones conjuntas con la DEA, suministro de armamento y capacitación para el control de protestas sociales, multiplicación de estructuras represivas nacionales y regionales monitoreadas desde los Estados Unidos.

Se trata de un combate con final abierto entre fuerzas sociales que buscan sobrevivir y que al hacerlo pueden llegar a engendrar vastos movimientos de regeneración nacional, radicalmente antisistémicos y élites degradadas e inestables, dependientes del amo imperial (que se reserva el derecho a la intervención directa, si las circunstancias lo requieren y permiten), animadas por un nihilismo portador de pulsiones tanáticas.

Honduras y las tretas de Luis Almagro en el engranaje intervencionista de Washington .

El Departamento de Estado se entrometió en las elecciones de Honduras.

Una terquedad intervencionista que Washington ejecuta con soberbia y pragmatismo, desde sus posiciones de potencia, con calculados intereses de dominio.

La Casa Blanca se confabuló en el Golpe de Estado a José Manuel Zelaya, en junio de 2009.

Desde esos aciagos acontecimientos el Departamento de Estado y la CIA, están detrás de los monigotes de la oligárquica hondureña, manipulando los hilos para lavar con fraudes electorales, el régimen autoritario y sangriento, instaurado en Honduras.

La tierra de Francisco Morazán ha sido ensangrentada, con el propósito de mantener las bases militares de Estados Unidos e instalar otras más siniestras y amenazantes.

De la misma manera, perpetuar la condición semicolonial de la economía hondureña, enquistando las denominadas “ciudades modelo”; un plan agresivo de esclavización moderna que las corporaciones operarían como campos de concentración, donde se extraería hasta la última gota de plusvalía a la clase trabajadora.

La plutocracia hondureña que controla la institucionalidad estatal, las estructuras militares, los sectores económicos de la producción, comercio y finanzas; en contubernio con la jerarquía eclesiástica, según esclarecidas opiniones, ha extendido sus tentáculos en conexión con el narcotráfico y el blanqueo de divisas y dinero negro.

Ese engarce se ajusta perfectamente a los planes
Intervencionistas, desde la doctrina de los Estados fallidos.

Un Estado policiaco que complementa su perniciosa actividad represiva, con desmesurados operativos militares en perjuicio de la población Civil; que se manifiesta pacíficamente.

Juan Orlando Hernández se instaura y se mantiene en la presidencia de Honduras, por medio de ignominiosos fraudes electorales y el terror de los batallones del ejército y la policía militar.

Escuadrones de la muerte y bandas paramilitares se han encargado de completar la horrorosa faena, consumando macabras carnicerías de ciudadanos opositores, activistas y líderes populares.

La MACCIH, a pesar de responder a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), está en la tarea de indagación para transparentar los pestilentes casos de corrupción en los que están involucrados una red de parlamentarios, políticos de las rancias castas en el poder, funcionarios mafiosos del gobierno, potentados de las sociedades empresariales y las esferas familiares vinculadas al mismo JOH.

En la OEA no se ha hecho esperar las manipulación y, desde la Secretaría General se ha boicoteado el trabajo del jefe de la Misión y del equipo que dirige.

Se obstaculiza el funcionamiento de la MACCIH con la complicidad de JOH, quien emite decretos y órdenes para obstruir o desmoralizar la labor de la Misión.

La oficina de Luis Almagro se mueve con subterfugios alrededor del oprobioso fraude en las últimas elecciones.

La Secretaría General de la OEA dice que no legitima la continuidad de JOH. Sin embargo, envía una carta desacreditando la actividad de la MACCIH. Además establece un canal directo con el déspota de Tegucigalpa.

No les conviene a JOH ni a Almagro que la MACCIH continue profundizando las indagaciones sobre las irregularidades fiscales, sobornos del capital transnacional y saqueo de las instituciones públicas, que implique al actual gobierno.

Los temores de Almagro y de otros subalternos de Washington en la OEA, es que la MCCIH, se convierta en un factor relevante en acelerar las tensiones en el país, que está viviendo una intensificación de las protestas opositoras contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.

El pueblo hondureño y la comunidad internacional exigen que sea presentado, a la mayor brevedad, el informe de la MACCIH.

Oscar Barrantes R.
Círculo Bolivariano Yamileth López (CBYLO)

Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (CPCES)

San José – Costa Rica

Febrero 28 de 2018

La CIA en Panamá y la cancillería istmeña implicados en conspiración contra Venezuela.

La CIA en Panamá y la cancillería istmeña implicados en conspiración contra Venezuela.

Tal como denunciamos con anterioridad, la CIA norteamericana reclutó en julio de 2017 al entonces segundo secretario de la embajada venezolana en Panamá, Gabriel Hernán Pérez, con la finalidad de emplearlo para ser parte de la guerra sucia contra la Venezuela Bolivariana. Los pasos posteriores a su traición lo vinculan a una conspiración orquestada por esta Agencia en complicidad con elementos de la cancillería panameña, el grupúsculo contrarrevolucionario VEPPEX –radicado en Miami–, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio (TSJE) Capítulo Panamá y otros miembros de la derecha latinoamericana. Las acciones de estos implicados están dirigidas a lograr varios objetivos: evitar que los venezolanos residentes en Panamá participen en las elecciones del venidero 22 de abril y boicotearlas descaradamente, levantando calumnias contra el registro electoral de la embajada venezolana en Panamá; convencer –con la ayuda del TSJE– a organismos internacionales y regionales, así como gobiernos derechistas en Latinoamérica, bajo la manipulación de mecanismos y la legislación internacional el “facilitar la atención inmediata” al pueblo venezolano en cuanto a alimentos y medicinas bajo el manto de una “intervención humanitaria”, como primera fase para legitimar una siguiente acción militar contra Venezuela bajo el mando de EEUU y la venia de la OEA.

Según fuentes creíbles dentro de VEPPEX Gabriel Hernán Pérez se encuentra conspirando con los ex magistrados venezolanos Gustavo Sosa Izaguirre, Manuel Antonio Espinosa Melet y José Sabino Zamora, todos miembros del TSJE. El traidorzuelo, además del apoyo directo de oficiales de la CIA, cuenta con el sostén de la asesora de la cancillería istmeña Gina Latoni  –de origen boricua y vinculada a los servicios de inteligencia norteamericanos– de la cual funge como “consultor”.

Las mismas fuentes señalan que Gabriel Hernán Pérez es activo participante en reuniones de los ya citados magistrados Sosa Izaguirre, Espinoza Melet y Zamora del TSJE, Capítulo Panamá, dedicándose a realizar un descarado fraude virtual al signar declaraciones de una supuesta TSJ “real”: analizan inventadas denuncias sobre DDHH, dictan resoluciones y sentencias, propagan y dan supuestas legalidad a rumores y manipulaciones, como parte de la guerra mediática anti bolivariana. Esta actividad cuenta con la estructura del TSJE en América Latina y USA –seis magistrados en Chile, 8 magistrados en Colombia, tres magistrados en Panamá y doce de ellos en EEUU–, facilitando la conspiración encabezada por Sosa Izaguirre quien se ha convertido en viajero frecuente a Estados Unidos y, particularmente, a Miami, donde reciben instrucciones sobre cómo proceder.

No cabe la menor de las dudas de que Gabriel Hernán Pérez cumple hoy funciones diseñadas por la estación de la CIA en Panamá, bajo la tutela de la cancillería panameña. Estos implicados no podrán negar estas acusaciones. Tomado de DESCUBRIENDO VERDADES

El innecesario riesgo de asistir a la VIII Cumbre de las Américas

Por Carlos E. Lippo

“Mientras los presidentes van de Cumbre en Cumbre, los pueblos de América Latina van de abismo en abismo”. Hugo Chávez

La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de estado y de gobiernos de la América, auspiciada por la inefable Organización de los Estados Americanos (OEA) que viene celebrándose cada tres o cuatro años desde diciembre de 1994, con el muy loable aunque siempre incumplido objetivo declarado de “diseñar una estrategia común para intentar resolver los problemas del continente”. Hasta la VII Cumbre de Panamá celebrada en el 2015 habían venido participando en esta instancia todos los estados independientes de América, con la excepción de Cuba que fue expulsada de la OEA en 1962, con el vergonzoso voto favorable de Venezuela, gobernada en aquellos aciagos días por aquel cipayo de uña en el rabo, fundador del partido Acción Democrática, que se llamó Rómulo Betancourt Bello. 

Para la VI Cumbre celebrada en Cartagena de Colombia en el 2012, no pudo asistir Cuba pese a que su sanción había sido revocada en el 2009, ya que no fue invitada por el cachaco Santos. Sin embargo, a la anterior Cumbre de Panamá asistió el Comandante Raúl Castro en representación de Cuba, cuya invitación fue promovida por el imperio en el marco de la intentada normalización de relaciones diplomáticas con la Isla que estuviese adelantando Obama por aquellos días, con el abyecto propósito de tratar de incidir negativamente en las excelentes relaciones de todo orden que existían, existen y siempre habrán de existir entre nuestros dos países. No habiéndose incorporado Cuba como miembro de la OEA, por no haber aceptado hacerlo bajo sus actuales deplorables condiciones, es claro entonces que el único requisito insustituible para asistir a la dichosa Cumbre es contar con el aval del imperio. 

Es opinión de muchos, compartida por nosotros, que la cumbre de marras fue creada con el propósito de lograr el consenso hemisférico para adelantar la implementación de aquel engendro neoliberal que se llamó el “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA), con el cual se pretendía subordinar “legalmente” las economías de todos nuestros países a las exclusivas necesidades del imperio, sumiéndonos de nuevo en la larga noche neoliberal de la cual algunos pueblos estábamos comenzando a salir y a la cual el imperio dedica tan esfuerzos para regresarnos. 

Como decíamos en un artículo publicado en el 2015 (1) en ocasión de la anterior Cumbre, si fue éste o no el propósito de su creación no es lo relevante. Lo relevante es que fue en una de estas cumbres, la IV, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005, que se logró enterrar para siempre el ALCA, por iniciativa de El Comandante Eterno, con el decisivo concurso de aquellos auténticos gigantes políticos de Nuestra América: Néstor Kirchner y Luis Inácio Lula Da Silva. Frescas están en la memoria popular las encendidas palabras del presidente Kirchner en medio del debate: “…no aceptamos que vengan aquí a patotearnos…”, en alusión directa al atropello que intentaban llevar a cabo las delegaciones de los Estados Unidos y el Canadá, las cuales habían coleado el tema en la agenda con la lacayuna complicidad de Méjico, Panamá y Trinidad & Tobago, así como la vertiginosa huída del salón de sesiones del derrotado George Walker Bush, todo ello transmitido por televisión en vivo y directo. 

Tenemos totalmente claro que estas reuniones al igual que otras instancias y mecanismos de este “Ministerio de Colonias de los Estados Unidos”, como dijo El Che que llamaban los pueblos a la OEA, en su vibrante discurso ante la Asamblea General de la ONU de fecha 12 de diciembre de 1.964 (2), estando como efectivamente lo están, manejadas por el imperio, con el apoyo y la complicidad del funcionariado profesional de la organización y unos cuantos estados débiles y cipayos, han venido sirviendo para casi nada, como ha quedado evidenciado por los pobres resultados de todas Cumbres siguientes a la de Mar del Plata: la V, celebrada en Trinidad & Tobago 2.009, que sólo es recordada por el “yonofuísmo” de Obama quien suplicó hipócritamente que no le cobrasen los desafueros de quienes le antecedieron en el cargo y por el gesto entre folclórico e irreverente de Chávez al regalarle, para muy buena suerte del Camarada Eduardo Galeano, un ejemplar del libro “Las Venas Abiertas de la América Latina”; la VI Cumbre, de Cartagena de Colombia 2.012, que tuvo que terminar sin una resolución final de consenso; y la VII, celebrada en Panamá a muy pocos días de que Obama suscribiese la infamante Orden Ejecutiva que nos declarase una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna de los Estados Unidos, que sólo será recordada por la vergonzante, cínica e hipócrita “reculada” del imperio, que en la persona del mismísimo Obama reconoció que no éramos tal amenaza; debiendo quedar claro que tal actitud distó mucho de ser un subproducto de la Cumbre y por ende de la OEA, puesto que sólo la oportuna y firme respuesta dada por el pueblo y el gobierno revolucionario, apoyada ampliamente por los nuevos mecanismos de integración regional de ingreso vedado a los gringos, propuestos por El Comandante (UNASUR, ALBA-TCP y CELAC), por instancias organizativas de nivel planetario (Movimiento de Países No Alineados y G77 + China), por las potencias aliadas (Rusia y China) y por una inmensa cantidad de movimientos sociales existentes tanto en los países amigos como en los menos amigos, fue lo que determinó el aislamiento total del imperio en ese foro. 

Entrando en materia debemos comenzar diciendo que la VIII Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima, Perú, durante los días 13 y 14 de abril del presente año, ha tomado como lema “La Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” y como tema central, señalado por el gobierno anfitrión: “El tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030, a la luz del andamiaje normativo internacional existente” (3), algo que resulta tragi-cómico en un país en el cual el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, anfitrión del evento, lleva meses procesado por corrupción en el seno del congreso peruano y la corrupción de las élites dirigentes está tan arraigada que hasta el diario limeño “Del País”, de línea nada progresista, twiteaba hace pocos días que según declaraciones de un alto ex ejecutivo de Odebrecht, Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, recibieron pagos de esa empresa para sus campañas políticas entre 2006 y 2011. Esto es, los cuatro últimos presidentes de ese pobre país pobre y una candidata presidencial hija de un expresidente procesado por corrupción, serían también reos de ese oprobioso delito. 

Todos los países miembros de la OEA, incluyendo Cuba que no se ha incorporado al organismo desde su injustificada suspensión, recibieron invitaciones del gobierno peruano para asistir al evento; Venezuela la recibió formalmente, según declaraciones del presidente Maduro (4) y el ministro Jorge Rodríguez (5), el pasado 14 de febrero, a pesar de que había sido emitida desde el 11 de noviembre de 2017. 

Las citadas declaraciones del presidente Maduro, ofrecidas en una rueda de prensa internacional, fueron tan contundentes a ese respecto, que en esa oportunidad dijo enfáticamente que iría a la Cumbre, lloviese, tronase o relampaguease, en clarísima respuesta a otras declaraciones de la canciller del Perú, Cayetana Aljovín, avaladas por la reunión del “Grupo de Lima”, celebrada el 13 de febrero, según las cuales y por instrucciones expresas del presidente Kuczynski, se había retirado la invitación enviada al presidente de Venezuela conforme a lo establecido en la “Declaración de Quebec”adoptada en la III Cumbre de las Américas en 2001, que textualmente dice: “… cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas" (6). 

Tratando de reforzar lo declarado por la señora Aljovín, la presidenta del consejo de ministros del Perú, Mercedes Aráoz, señaló que tanto la invitación como el retiro de la misma se realizaron dentro del marco legal de la OEA, siendo desmentida por Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA , quien explicó al diario “El Comercio” de Lima, que las cumbres de las Américas "no son un órgano de la OEA" y que por tal motivo "no se regulan por las normas" de dicho organismo, siendo “decisión exclusiva del país organizador de cada cumbre" invitar a los mandatarios, aclarando finalmente que lo citado por la premier Aráoz pudo ser un "error de información o una confusión" (7). Por su parte nuestra cancillería, en un comunicado divulgado en Twitter por el canciller Arreaza señaló que, bajo el más riguroso sustento jurídico, "no existe impedimento de ninguna naturaleza" para que Venezuela participe en la Cumbre (8). 

En medio de este absurdo enredijo jurídico-diplomático y tomando en consideración lo señalado por la señora Aráoz en relación a que Maduro no podrá entrar al territorio peruano ni sobrevolar su espacio aéreo para asistir a la VIII Cumbre de las Américas (9), nosotros que no somos juristas ni mucho menos diplomáticos sólo tenemos claro que:

• Está suficientemente demostrado que la juridicidad de la OEA es algo pastosa y su legalidad es enteramente acomodaticia y sujeta a los caprichos del imperio, lo que hace irrelevante cualquier discusión al respecto.
• Es enteramente obvio que son los jerarcas del imperio, en el marco de su agresivísima política en contra de Venezuela, quienes han ordenado no recibir a Maduro en la Cumbre.
• Los gobiernos del inefable “Grupo de Lima” (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) son indubitablemente los “perritos simpáticos” a los que se refería Kuczynski cuando dijo vergonzantemente: “Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas. Como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema” (10) .
• El actual gobierno corrupto y extremadamente cipayo del Perú ha dado suficientes muestras de que no tiene la más absoluta disposición de garantizar la seguridad física de nuestro presidente a lo interno de su territorio. 

Es con base en estas consideraciones, en especial la última de ellas, que estimo altamente riesgoso que el presidente Maduro acuda a esta Cumbre, ya que estaría poniendo en juego su integridad física y hasta su propia vida, como resultado de un eventual atentado alentado por esa extrema lenidad del gobierno peruano o por cualquier circunstancia accidental derivada de un posible intento de hacerlo preso para evitar su entrada.

Considero también que es altamente riesgoso por coincidir íntegramente con unas declaraciones ofrecidas a Sputniknews (11), por la reconocida jurista revolucionaria Ana Cristina Bracho, actual jefa de la “División de Atención a la víctima de Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes de la Defensoría del Pueblo”, según las cuales la idea de que se emita una orden de aprehensión contra Maduro aprovechando su viaje a Perú es "jurídicamente posible", debido al escenario internacional que se ha venido construyendo desde el 2016 en el que se "están utilizando términos como crisis humanitaria, que son conceptos del derecho humanitario y el derecho del estatuto de Roma, puesto que se está hablando de querer ver a Venezuela desde la óptica de los crímenes de lesa humanidad". 

A esta opinión añade la doctora Bracho en el mismo artículo algunos precedentes como el apresamiento del entonces presidente de Sudán, Omar Hasán Ahmad al Bashir, cuya orden de captura fue firmada por el inefable magistrado de la CPI Luis Moreno Ocampo, el mismo que fuese comisionado por el secretario Almagro para instruir un caso en contra de Maduro en esa instancia; y añadiríamos nosotros que también es el mismo magistrado libró orden de captura contra el coronel Gadaffi en el 2011 (12), así como también que otra inefable, la exfiscal Ortega Díaz, que ha dicho en repetidas ocasiones que ha venido recabando pruebas en contra del presidente Maduro para aportarlas a la CPI, anunció recientemente que lo denunciará por el “homicidio” del terrorista confeso Omar Pérez (13). 

Sostengo responsablemente que es innecesario que el camarada Maduro asista al evento de marras, por estimar que en tan mediatizado foro y con la actual correlación de fuerzas, es muy poco lo que se podría lograr, adicional a lo que pudiesen alcanzar los compañeros del ALBA-TCP al lado de los representantes de los escasos gobiernos latinoamericanos dignos que han confirmado su asistencia, y por supuesto adicional al apoyo que sin duda tendríamos de los grupos sociales amigos, si es que les permiten su acreditación. 

Para concluir quiero señalar que sólo una rectificación total de las autoridades peruanas sobre el tema, otorgando las debidas garantías, haya sido auspiciada o no por las gestiones diplomáticas y políticas que se comprometiese a realizar el ALBA-TCP (14), en la misma oportunidad que rechazó tajantemente la medida de exclusión en nuestra contra, debiera hacer posible la asistencia de nuestro presidente a la VIII Cumbre. 

¡A nosotros debe bastarnos con el apoyo de los pueblos y de nuestros gobiernos amigos! 

¡Con el imperio y sus acólitos, ni un tantico así!

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos! 

Elecciones en Cuba: los desafíos del relevo generacional

Pese a las reservas, dudas y cautelas mostradas por algunos analistas y diversos medios de comunicación, Raúl Castro no continuará siendo el presidente de Cuba tras las elecciones generales que se celebrarán el próximo 11 de marzo. Esto no solo  confirma lo que el propio mandatario ya había anunciado en múltiples ocasiones[i], sino que también ratifica lo acordado en el 2011 durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), sobre la limitación de los principales cargos del Gobierno y el Estado a un máximo de dos períodos consecutivos (diez años). La pregunta que emerge de inmediato es quién sucederá a Raúl Castro cuando el próximo 19 de abril los nuevos diputados electos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) ejerzan su voto, aunque hasta ahora todos los pronósticos apuntan al actual Primer Vicepresidente, Miguel Díaz Canel. A esta incógnita se suma el hecho de que, por primera vez desde 1959, el jefe del Gobierno y del Estado -así como la mayoría de sus principales miembros- no pertenecerán a la llamada Generación Histórica. Sobre este punto no habría que pasar por alto el posible significado – más allá de lo simbólico- de las condecoraciones otorgadas por Raúl Castro el pasado 24 de febrero en el recién inaugurado Capitolio (futura sede de la Asamblea Nacional, como ha señalado a través de redes sociales el exdiplomático y académico cubano Carlos Alzugaray[ii]). Los condecorados como Héroes del Trabajo de la República de Cuba fueron José Ramón Machado Ventura (vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, además de Segundo Secretario del PCC) y los Comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (también vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del PCC) y Guillermo García Frías (miembro del Consejo de Estado y del Comité Central del PCC). El mensaje posible es que no solamente haya un nuevo presidente en abril, sino todo un Consejo de Estado y Consejo de Ministros sin miembros de la Generación Histórica. No obstante, es cierto que el relevo generacional no será consumado del todo hasta que Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura sean sustituidos de los máximos cargos del PCC, tras la celebración de su VIII Congreso previsto para 2021. Sin embargo, el propio Raúl Castro ha realizado durísimas autocríticas sobre los daños que la suplantación de funciones del Gobierno y del Estado por parte del Partido ha causado a la institucionalidad del país[iii]. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando, además, el clima del “Proceso de Actualización” caracterizado por una fuerte crítica a los errores del pasado y la introducción de importantes cambios en todas las esferas, no tendría demasiado sentido que el Primer Secretario del PCC y principal impulsor del citado proceso, interfiriera en las principales decisiones del nuevo Gobierno. Por todo ello, las próximas elecciones en Cuba tendrán un carácter inédito. Y con ellas, se abrirá una nueva etapa en el proceso de reformas donde uno de los grandes desafíos será gobernar sin la legitimidad histórica y la autoridad moral de aquellos que protagonizaron la revolución latinoamericana más radical e influyente del siglo XX. De esta manera, no solo será puesta a prueba -como nunca antes- la capacidad de gestión de los nuevos representantes, sino la de todo el sistema político, esto –además- en una coyuntura sumamente compleja y delicada que analizaremos a continuación. El desempeño económico y los retos del proceso de actualización Tras un 2016 en el que por primera vez desde los duros años del Período Especial la economía cubana se contrajo alrededor del 1 %, en el 2017 se revirtió la tendencia al lograrse un modesto crecimiento del 1,6 % del PIB. De esta forma, si consideramos la adversa coyuntura económica (limitaciones en las importaciones de petróleo y sus derivados por la crisis en Venezuela, restricciones financieras externas, y las pérdidas valoradas en más de 13.000 millones de dólares tras el paso del ciclón Irma, el más potente huracán generado en el océano Atlántico desde que se tienen registros), el desempeño no fue malo[iv]. Pero si tenemos en cuenta las necesidades del país y las expectativas de la población, los resultados son claramente insuficientes. La estimación de un crecimiento del 2 % en 2018 augura la continuación de las tensiones en este terreno. Teniendo en cuenta dicho escenario, es probable que el nuevo Gobierno tenga que tomar unas u otras decisiones en función de dos lógicas contrapuestas: por un lado, la de la audacia, sostenida por los partidarios de acelerar las reformas como fórmula para superar los obstáculos de la economía; por el otro, la lógica de la prudencia, de aquellos otros que desaconsejan lo anterior hasta que no se solucionen, previamente, una serie de problemas estructurales que aún persisten. No debería soslayarse que, en el fondo de las dos posturas y de sus diversos matices y variantes, subyacen diferencias ideológicas nada despreciables derivadas de las diversas visiones del socialismo que se disputan la dirección y el ritmo de las reformas[v]. Así, el nuevo Gobierno se enfrentará a decisiones sobre medidas concretas que requieren una pronta solución, por ejemplo: – La reanudación del otorgamiento de licencias y/o ampliación de actividades para ejercer el trabajo por cuenta propia, paralizado desde el verano de 2017 debido a un proceso de reordenación y perfeccionamiento del sector. – La unificación monetaria y cambiaria (bien sea su implementación, de no realizarse hasta el mes de abril del presente año, o la gestión de sus probables distorsiones una vez sea materializada). – La puesta en vigor de una Ley de Empresas que recoja los derechos y deberes de las nuevas formas de propiedad y resuelva, al mismo tiempo, contradicciones como las de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) privadas con trabajadores asalariados, que a pesar de ser reconocidas como tales en los documentos rectores de la Actualización siguen operando bajo la figura de “trabajo por cuenta propia”. – La simplificación de los trámites para la aprobación de las inversiones extranjeras directas. Además, el estancamiento de la implementación de la Actualización desde 2016 ha creado un clima de insatisfacción en diversos sectores de la sociedad. Ello incrementará la presión sobre el nuevo ejecutivo en la medida en que las expectativas en ámbitos como el nivel de los salarios, la mejora del transporte y la vivienda, o la mayor oferta de alimentos a precios más asequibles, no se correspondan con los resultados logrados[vi]. Por último, aunque no menos importante, existen algunas reformas de carácter político-institucional de máxima relevancia que si bien ya han sido anunciadas por los Gobiernos precedentes todavía no han sido llevadas a cabo. La reforma de la Constitución, la discusión y aprobación de una nueva Ley Electoral, o la generalización a todas las provincias del nuevo funcionamiento del Poder Popular consistente en la separación de funciones legislativas (Asambleas), ejecutivas (Gobiernos) y económicas (empresas estatales), y que ya ha sido aplicado de forma experimental en las provincias de Mayabeque y Artemisa, son, probablemente, las más importantes[vii]. El grado de discusión que provocarán -tanto en la sociedad como en el Parlamento- las nuevas condiciones señaladas, pondrá a prueba la nueva institucionalidad en construcción, en la que se incluye el importante papel de los medios de comunicación públicos, así como las fortalezas y debilidades de la democracia socialista. El giro en la política estadounidense hacia Cuba bajo la administración Trump El giro regresivo emprendido por el presidente estadounidense Donald Trump en relación con la política de normalización iniciada en 2014 por Barack Obama, constituye una mala noticia para la Isla. Sin embargo, es preciso analizar con detenimiento dos cuestiones. Por un lado, el alcance real del National Security Presidential Memorandum on Cuba, firmado por el presidente de EE. UU. el 16 de junio de 2017, en Miami, ante una audiencia que aglutinó a lo más relevante de la derecha cubanoamericana más reaccionaria afincada en La Florida. ¿Significó ello la “cancelación” de la apertura de Obama, tal y como fue anunciado por Trump? Por otro lado, cabe preguntarse si la vuelta del unilateralismo y de la retórica hostil hacia el país caribeño puede endurecerse, y si ello fortalece o debilita políticamente a La Habana en la coyuntura doméstica e internacional que estamos analizando. En relación a la primera cuestión, el académico norteamericano William LeoGrande lo ha puesto en duda de una forma sintética, elocuente y clara. En primer lugar, respecto a las doce categorías habilitadas por Obama bajo las cuales los norteamericanos podían viajar a Cuba, las medidas de Donald Trump solo afectan a los viajes individuales del programa people-to-people. Esto significa que los estadounidenses podrán seguir viajando a Cuba en grupo y llevar si lo desean ron y habanos cubanos de regreso a su país. En segundo lugar, la prohibición de comerciar con empresas ligadas a la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) no afectará a los contratos pasados y futuros en los sectores de telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, que son, según el autor, donde se concentran la mayor parte de los contratos entre empresas norteamericanas y cubanas. En tercer lugar, se debe tomar en cuenta lo que podía haber hecho y, sin embargo, no hizo: no prohibió los viajes de los cubanoamericanos a Cuba ni el envío de remesas; tampoco rehabilitó la política de “pies-secos, pies-mojados” derogada por Obama al final de su mandato; no ha roto las relaciones diplomáticas restablecidas con la Isla; ni tampoco ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo[viii]. Con todo, la afectación más significativa de las medidas puede manifestarse en un descenso del ritmo de crecimiento de los viajes de estadounidenses al país caribeño. En tal caso, sin embargo, uno de los sectores más afectado podría ser el cuentapropismo (alquileres de habitaciones a turistas, restauración, ventas de artesanías, taxistas, etc.); es decir, que paradójicamente perjudicaría a aquellos que, según cierta lógica, constituyen un grupo potencialmente antisistémico en relación al socialismo[ix]. Respecto a la segunda cuestión, cabe señalar que una serie de acontecimientos sucedidos en los últimos meses podrían indicar que el regreso del unilateralismo -que hasta ahora se mantiene en el plano retórico- evolucione hacia medidas y sanciones concretas de mayor envergadura e impacto en un futuro próximo. Uno de los más notorios tiene que ver con la acusación del Gobierno de Trump contra Cuba por supuestos “ataques acústicos”, a raíz de una serie lesiones auditivas y cerebrales que habrían afectado a veintiún diplomáticos estadounidenses en la Isla, incluyendo familiares[x]. Pese a la ausencia total de evidencias que prueben que tales afectaciones se deban a un ataque deliberado mediante algún tipo de arma acústica, tal y como ha sido reconocido por científicos e investigaciones tanto cubanas como norteamericanas[xi], la fabulación del ataque fue utilizada políticamente. Así, en octubre de 2017 fueron expulsados diecisiete integrantes de la misión diplomática cubana en Washington, y retirados, asimismo, aproximadamente la mitad de los funcionarios norteamericanos en la embajada en La Habana[xii]. La posibilidad que se baraja ahora entre sospechosos “nuevos informes científicos” publicados recientemente, es el cierre definitivo de las embajadas[xiii]. No obstante todo lo anterior, frente a la estrategia de las sanciones contra Cuba que promueven sectores minoritarios pero influyentes en el Gobierno de Donald Trump, liderados por el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, existe un amplio y diverso grupo de sectores políticos y sociales tanto en Cuba como en Estados Unidos -además de Gobiernos de diverso color- que sin ser necesariamente simpatizantes con un sistema de carácter socialista se oponen a la actual política estadounidense, tanto por intereses puramente económicos, comerciales o por mero sentido común, como por percepciones diferentes acerca de cómo propiciar más eficazmente el fin del socialismo en la Isla[xiv]. En definitiva, pese a los enormes costes económicos que supone dilatar el final del bloqueo en un contexto donde el desarrollo económico y social es uno de los objetivos prioritarios del país, el regreso de la retórica hostil supone un escenario bien conocido por la diplomacia cubana en el que tiene toda la ventaja política[xv]. Ello debido tanto a la mayoría social que en ambos países se oponen al regreso de la política de hostilidad, como por el respaldo casi unánime de los países del mundo que apoyan a Cuba frente al bloqueo. Asimismo, el reconocimiento del fracaso de la política unilateral practicada por Estados Unidos contra Cuba en los últimos cincuenta años por parte de Barack Obama, junto con el de la legitimidad del Gobierno Revolucionario de Cuba, fueron hechos históricos que siguen contribuyendo, aún más, al fortalecimiento de la posición mantenida por La Habana. La correlación de fuerzas en América Latina y la inestabilidad del sistema internacional La potente proyección externa de la Revolución Cubana y su intenso activismo internacional han jugado históricamente un papel fundamental –aunque no exclusivo- de cara al desarrollo del país y su estabilidad interna. El mantenimiento de dicho perfil en la nueva etapa inaugurada por Raúl Castro en 2008 sigue siendo clave, toda vez que los objetivos en materia de desarrollo económico son vitales para garantizar el éxito de la Actualización. Partiendo de lo anterior, el triunfo de una nueva derecha latinoamericana en países como Argentina y Brasil tras la llamada “década ganada”, junto con la permanencia de otros Gobiernos tradicionalmente liberales como el de Colombia, Perú, México o Chile, podría sugerir un escenario hostil para Cuba. Sin embargo, y pese al apoyo incondicional de la Isla al Gobierno de Nicolás Maduro -sometido a un cerco sin precedentes- puede afirmarse que, hasta el momento, las relaciones con los países latinoamericanos no se han visto afectadas de una manera significativa. Entre las posibles explicaciones de esta situación puede señalarse el carácter más pragmático de la política exterior de Cuba bajo la dirección de Raúl Castro, el prestigio por su papel en el proceso de paz en Colombia, la solidaridad con la que cuenta la Isla en el escenario internacional -que eleva los costes potenciales de una actitud hostil- y la propia debilidad de tales Gobiernos a pesar de sus victorias, debida a la difícil coyuntura económica y la resistencia popular que persiste pese a las derrotas electorales sufridas por la izquierda. No obstante, la inestabilidad de la geopolítica continental no garantiza que la situación pueda evolucionar de forma negativa si tenemos en cuenta al menos dos factores: – El primero de ellos, que se alinearía con la hipótesis del endurecimiento de la postura de Estados Unidos contra Cuba, tiene que ver con las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que en un discurso previo a una gira latinoamericana que lo llevó a México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica, reivindicó la “Doctrina Monroe” entre fuertes declaraciones contra Venezuela, Cuba, China y Rusia. – El segundo tiene que ver con las seis elecciones presidenciales que en este 2018 tendrán lugar en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Paraguay y Costa Rica, lo cual hace de la posibilidad de una restauración conservadora en la región un peligro real. Particularmente importante, debido a los importantes nexos económicos con Cuba, es el caso de Venezuela, donde el adelanto de las elecciones generales al 22 de abril – y su reprogramación para el 20 de mayo- ha producido un recrudecimiento, si cabe, de la ofensiva del imperialismo norteamericano contra el Gobierno de Maduro perfectamente articulada con sus dóciles aliados del llamado Grupo de Lima (conformado por Argentina Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú)[xvi]. La retirada de la invitación de Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima los días 13 y 14 de abril, o las declaraciones del Secretario General de la OEA y el mencionado Grupo de Lima en contra de la legitimidad de las elecciones en dicho país, podrían ser la antesala de sanciones más duras como el embargo petrolero o incluso la intervención militar[xvii]. En caso de materializarse el peor de los escenarios, es más que probable que el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región desaten una nueva ofensiva contra Cuba bajo la hipótesis de que el relevo generacional ofrece un escenario propicio para derrocar la Revolución. Respecto a las relaciones internacionales con el resto del mundo destacan las sólidas alianzas con China (segundo socio comercial e importantísimo aliado político), el fortalecimiento de las relaciones con Rusia, el nuevo acuerdo de cooperación Cuba-Unión Europea alcanzado recientemente tras la derrota de la Posición Común, y la no menos importante cooperación Sur-Sur con países como Vietnam, Irán, Angola o Argelia, por mencionar solo algunos[xviii]. No obstante lo anterior, la escena internacional actual está marcada por un carácter inestable y potencialmente explosivo si, como muchos especialistas afirman, nos encontramos en un momento de transición estructural del sistema internacional marcado por el largo declive de la hegemonía estadounidense, la emergencia de un mundo multipolar, y un panorama económico que puede ser síntoma de una crisis más profunda en el contexto del capitalismo histórico[xix]. Por todo ello, el nuevo Gobierno cubano elegido el próximo mes de abril no deberá bajar la guardia en este frente donde existe la posibilidad de que se presenten importantes desafíos. Así, el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), el sostenimiento de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y la continuidad del pragmatismo sin que ello signifique el abandono de su tradicional política anti-hegemónica y de contra-dependencia, seguirán siendo algunas de las prioridades en este ámbito. Apuntes finales Los retos y las amenazas han sido la condición natural de la Revolución Cubana desde su mismo surgimiento. En el contexto de la nueva etapa marcada por la necesidad de construir un socialismo más sustentable, próspero y democrático, sin embargo, el desafío del relevo generacional reviste un carácter nuevo. Pero si bien la coyuntura en el corto y el medio plazo no puede calificarse como la más idónea, ya sea en el ámbito interno, en las relaciones con Estados Unidos o en el panorama geopolítico latinoamericano o mundial, la clave del éxito no dependerá, en última instancia, de ello. Lo fundamental, en palabras llanas, es y será el poder. O dicho de otra forma, el desafío fundamental del relevo generacional en la Revolución Cubana radica en la construcción de una nueva hegemonía nacional-popular y socialista, en las condiciones históricas y estructurales del siglo XXI. Ello requerirá grandes dosis de creatividad, audacia y pragmatismo sin renunciar a los principios ni a su heroica historia. Tomado de CUBAINFORMACIÓN