Una mueblería cerrada en Río Piedras, San Juan. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.
Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de
dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió
Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro,
Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde
hace dos años ha ido en picada.
“El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”.
Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y
servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos
dirían que en el fondo— de
la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos.
Con una deuda de 123 mil millones de dólares que no puede
pagar, Puerto Rico presentó el 3 de mayo un tipo de protección en caso
de bancarrota, una medida que sacudió las espinas dorsales de todos,
desde tenedores de bonos que temen pérdidas espeluznantes hasta
barrenderos y empleados públicos cuyos salarios de por sí raquíticos
probablemente seguirán reduciéndose.
El Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una huelga
resultó en manifestaciones de varios miles de personas en las calles,
las cuales se tornaron violentas. Días antes, la gente estaba reunida en
el trabajo, en los parques y en sus casas para debatir
interminablemente sobre la incertidumbre de la situación. En la terminal
de Río Piedras donde trabaja Rivera, los choferes y el personal de
limpieza se juntaron para quejarse tanto de la baja en trabajo y el
monto de las jubilaciones como del constante aumento en el precio de los
servicios, como el agua y la electricidad.
Los
negocios de transporte como este en Río Piedras han sufrido debido a la
crisis económica; los choferes tienen que esperar horas para llenar un
viaje de sus rutas. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
A pesar de que
la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad:
los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y
las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto
dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y
el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media.
“Yo me voy a quedar aquí, aunque gane solo un dólar”, dijo Rivera.
Los próximos meses,
el gobierno planea implementar medidas de austeridad que golpearán en particular a los maestros.
La secretaria de Educación puertorriqueña ya anunció una propuesta para
el cierre de 184 escuelas. El profesorado podría enfrentar un recorte
de dos días por mes.
Así que, mientras el gobierno busca protegerse de las demandas tanto
de los fondos de cobertura como de otras firmas financieras que
invirtieron para pagar la deuda riesgosa de Puerto Rico, los residentes
de este territorio estadounidense están sufriendo las restricciones.
Las multas por estacionarse mal y otras violaciones de tránsito han
aumentado al doble. Hay varias agencias gubernamentales que están en
serios apuros y prestaciones como los bonos anuales de Navidad o la
prima vacacional están a punto de convertirse en recuerdos nostálgicos.
Los residentes están preocupados de que su futuro esté en manos de extraños, una junta de supervisión y un juez federal.
“
Llegará un momento en el que tendré que decidir entre si vivir en una casa o tener seguro médico”, afirmó Ángel González, el maestro jubilado de 55 años de edad. “¿Y la comida?”, preguntó, con un suspiro.
Su jubilación es de cerca de mil 900 dólares al mes, de los cuales 556 están destinados a pagar el plan médico de su familia.
Roberto Pagán, vicepresidente de la división puertorriqueña del
Service Employees International Union
(sindicato internacional de funcionarios públicos), dijo que esperaba
que casi 400.000 personas pierdan sus planes de salud porque no podrán
solventarlos. Es probable que ya no haya quién registre querellas de
servicios públicos como las denuncias de abuso infantil.
Una
pizarra de la terminal de vehículos públicos del este de Río Piedras
muestra que un día solo se registraron ocho pasajeros. Foto: Erika P.
Rodríguez/ The New York Times.
El gobernador Ricardo Rosselló,
quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos
más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres
que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en
los próximos meses.
“Todos deben hacer un sacrificio”, explicó en una entrevista. “Hemos sido muy claros acerca de cuál es ese sacrificio”.
Las medidas que tomó Rosselló se aplicaron poco a poco con el
objetivo de que no fueran más injustas para un grupo, afirmó. La mayoría
de los residentes cree que la única opción que tenía Rosselló era
buscar un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el
impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus
promesas de campaña.
Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos
gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal
por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para
financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político.
Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era
determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil
millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil
millones de dólares.
Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles
de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido
que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no
repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le
permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las
ideas que se han presentado se encuentra el
recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual
afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social.
El plan no impresionó a los acreedores, explicó Rosselló.
“No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar
más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por
supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al
pueblo puertorriqueño”.
La
escuela primaria Dr. Martin G. Brumbaugh en Puerta de Tierra, San Juan,
será uno de muchos colegios que cerrarán como parte de las medidas de
austeridad. Foto: Erika P. Rodríguez/ The New York Times.
Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un
municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de
dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña.
Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes?
No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su
negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el
gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de
renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto.
“Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”.
Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La
Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso
disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes
en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y
las ganancias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre,
comentó Torres.
Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes
por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano
deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de
negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales
suburbanos y a otras tantas a salir de la isla.
“Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es
real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los
negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados.
Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la
mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la
década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla.
“Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en
materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche
para el éxodo”.
Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el
dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años
barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las
jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos
hasta los 70 años.
Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental
de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados
jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte
mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos
dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas.
“No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos
mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan
menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños
están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64
años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas:
nosotros”.
Michael
Portes y Agustín Portes trabajan en la reconstrucción del muro de un
monumento que se encuentra frente al capitolio en San Juan. Foto: Erika
P. Rodríguez/ The New York Times.
(Tomado de The New York Times)
