Acostumbrados a ser tratados entre los más privilegiados de la
historia de Estados Unidos, como resultado de la política de Donald
Trump, en 2019 los actuales migrantes cubanos vieron retroceder esta
condición, hasta convertirse en uno de los grupos más perjudicados.
En contradicción con una práctica que había sobrevivido desde su
firma en 1994, la Administración Trump volvió a incumplir con la cifra
de 20 000 visas anuales establecida en los acuerdos migratorios con
Cuba, por lo que alrededor de dos tercios de los aspirantes a emigrar
quedaron varados en el país, a la espera del permiso correspondiente de
Estados Unidos.
También los migrantes indocumentados, antes favorecidos por una
práctica que les permitía el ingreso casi indiscriminado a ese país,
vieron restringidas sus oportunidades a partir de la eliminación de la
política de pie seco/pie mojado, en enero de 2017.
Se trató de la única medida de Barack Obama respecto a la emigración
cubana, que fue adoptada sin reservas y aplicada con creciente rigor por
la administración de Donald Trump. Según datos recopilados por el
abogado miamense Ira J. Kurzban, ya en 2018 recibieron orden de
deportación 412 inmigrantes indocumentados cubanos y en 2019 la cifra
alcanzó a 2 662 personas.
En septiembre pasado se encontraban retenidos en México 5 864
cubanos, alrededor del 40% de los que se presentaron en los puestos
fronterizos. Tal volumen constituía el cuarto lugar de los retenidos,
después de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
A pesar de que declaraciones oficiales supuestamente los eximen de
medidas restrictivas aplicadas al resto de los inmigrantes y que la Ley
de Ajuste Cubano aún les garantiza ventajas para acelerar el acceso a la
residencia y la ciudadanía en Estados Unidos, resulta evidente que el
gobierno de Donald Trump ha hecho todo lo posible por complicar y
ralentizar estos procesos, en perjuicio de la plena legalización del
estatus de los nuevos inmigrantes cubanos en ese país.
En el caso de las visitas temporales de cubanos a Estados Unidos, fue
suspendido el otorgamiento de visas múltiples por cinco años y ahora
solo se conceden por una vez, para un período de estancia no mayor de
tres meses. A esto se suman los inconvenientes y gastos que entraña que
deban ser tramitadas en un tercer país, debido a la suspensión de las
actividades consulares en Cuba. Una medida adoptada bajo la excusa de
misteriosos “ataques sónicos”, cuya naturaleza nadie ha logrado
descifrar.
Tales limitaciones han tenido el efecto, seguramente indeseado para
el Gobierno norteamericano, de aumentar las visitas a Cuba de los
emigrados cubanos residentes en ese país, realizadas por casi medio
millón de personas en 2019, un incremento de 5.2 % respecto a 2018.
Aunque hasta ahora no se han decidido a tomar medidas drásticas para
detener estas visitas, tal posibilidad no parece descartada y se
aprecian intentos para perjudicarlas, como fue la prohibición de que las
líneas aéreas estadounidenses viajen a otros destinos que no sean La
Habana.
Pudiera pensarse que los actuales migrantes cubanos son solo una
víctima más del racismo y la xenofobia presentes en la política
migratoria de la actual Administración estadounidense, y en parte es
verdad, pero el factor determinante han sido las presiones ejercidas en
este sentido por la extrema derecha cubanoamericana, devenida el
principal enemigo de la gente que dice representar.
Los anima el fanatismo contra el proceso revolucionario y la
intención de hacer cualquier cosa que suponga “incrementar la presión a
la caldera cubana”. Sin embargo, más allá de la intransigencia política e
ideológica contra Cuba, existen factores prácticos, de naturaleza
política doméstica, que explican mejor su rechazo a los llamados “nuevos
emigrados”, dígase aquellos que arribaron a EE.UU. después de 1980.
Se puede afirmar que el flujo migratorio de estas personas ya no
resulta funcional a la extrema derecha, toda vez que responden a un
origen social, una cultura adquirida y vínculos con la sociedad cubana
que los diferencian del llamado “exilio histórico”, base social de estos
grupos.
Ello no los convierte en defensores del sistema político cubano. El
acto de emigrar siempre entraña un grado de insatisfacción, que tiende a
reflejarse en las actitudes políticas. Máxime en el caso de Cuba, donde
la emigración ha estado mezclada con profundos conflictos políticos,
cuyas secuelas y prejuicios han limitado la articulación de una política
que, desde su nueva condición, integre orgánicamente a estas personas
al proyecto nacional.
Sin embargo, también es un hecho que los nuevos inmigrantes han
contribuido a debilitar el monolitismo político conservador y
republicano que caracterizaba a la comunidad cubanoamericana y, sobre
todo, que la gran mayoría de ellos apoya las relaciones con Cuba, por
razones sentimentales y culturales que trascienden cualquier diferencia
política con el Gobierno cubano.
Bajo las actuales condiciones, los nuevos inmigrantes constituyen el
factor más dinámico en el crecimiento demográfico de la comunidad, lo
que implica cambios significativos en el balance político de la
comunidad cubanoamericana, que la extrema derecha trata de
contrarrestar, mediante el establecimiento de limitaciones a su ingreso
al país o evitando la adopción prematura de la ciudadanía
norteamericana.
A esto se suma que no son un buen ejemplo para el resto de la
comunidad y trastocan las bases del discurso contrarrevolucionario. La
derecha tiene razón cuando dice que no pueden ser considerados enemigos
del régimen cubano aquellos que aprovechan la primera oportunidad para
visitar Cuba, donde son recibidos con naturalidad por el resto de la
sociedad. Para evitarlo, los que fueron los grandes beneficiados de la
Ley de Ajuste Cubano, ahora proponen revisarla e impedir la posibilidad
de estos viajes.
Con vista a sostener el clima de hostilidad en que se asienta el
control sobre el resto de la comunidad, así como justificar su
protagonismo político a escala nacional, para la extrema derecha resulta
indispensable impedir la convivencia entre los dos países y el contacto
de los emigrados con su patria de origen.
El conflicto que esto implica no se percibe con claridad en la arena
política miamense, porque los nuevos inmigrantes arriban con todo tipo
de desventajas a un microclima social donde imperan los códigos de la
extrema derecha. Además, apenas alcanzan a una cuarta parte del
electorado cubanoamericano, son los menos favorecidos económicamente y
no han sido capaces de desarrollar organizaciones políticas que los
distingan.
Aun así, la derecha está clara de que los contactos con la sociedad
cubana son, a la larga, subversivos para el orden imperante. Detrás de
actos tan inocentes como celebrar la Nochebuena en Cuba o la
presentación de un artista cubano en Miami, es real que se ocultan
implicaciones políticas insoportables para el discurso y la agenda de la
extrema derecha cubanoamericana y por ello reaccionan con violencia
contra los mismos.
De aquí lo atinado que puede ser una política cubana cada vez más
atenta a los intereses de los emigrados en sus relaciones con Cuba, no
solo por su importancia estratégica para el futuro de la nación,
cualquiera sea el estado de las relaciones con Estados Unidos, sino
porque puede estimular un activismo político más decidido contra la
agenda que preconiza la hostilidad entre ambos países y, de esta manera,
tener un impacto específico en la articulación de la política
norteamericana hacia la Isla.
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