El año 2018 deja un balance político en América Latina en el que destacan dos posiciones, amén de los artilugios en uno u otro sentido, en que gobiernos y pueblos progresistas resistieron las embestidas de Estados Unidos, acrecentadas con la llegada al gobierno de nuevos líderes conservadores.
Eso sitúa a la región de más de 600 millones de habitantes en un complejo escenario, que avizora lo que podría ocurrir a partir del 1 de enero, un día significativo, cuando
asumirá el gobierno de Brasil Jair Bolsonaro, quien desde su victoria anuncia un desastre político-ideológico en cuanto a medidas reaccionarias y dictatoriales con sus consiguientes repercusiones en el resto del subcontinente.
Ocurrieron en este período anual que terminará en pocos días, hechos de suma trascendencia, no solo en Suramérica. Estallaron en Centroamérica los graves problemas derivados de gobiernos corruptos de los cuales huyeron
huyeron más de 7 000 ciudadanos en una caravana pública y luego de caminar mas de 4 000 kilómetros esperan en territorio mexicano un turno para solicitar visa para Estados Unidos.
Miles de inmigrantes no se rinden a su sueño de llegar a EEUU (Foto: John Moore/ Getty Images).
Detrás de los sinsabores económicos y sociales nacionales sufridos por los pueblos está el poderío de Washington, empeñado hasta los tuétanos, sin descartar intervenciones armadas, en recuperar los países que siempre estuvieron bajo sus órdenes y que desde 1998, con el triunfo del finado presidente venezolano Hugo Chávez, cambiaron la historia de la región, ahora en un evidente proceso hacia el conservadurismo.
No le es fácil a
Norteamérica, la primera potencia mundial, tanto económica como militarmente, doblegar en su totalidad a los países que desde hace 20 años conformaron un modelo político de nuevo tipo, inclusivo e integracionista, decidieron despegarse del poderío de la
Casa Blanca, y, con logros y errores, evitaron la reimplantación de la ultrapasada
Doctrina Monroe.
Trump, un extravagante hombre de negocios del sector inmobiliario, llegó a la Casa Blanca hace dos años sin experiencia política, asesorado por el grupo más recalcitrante del ultraderechismo norteño. Sin control absoluto de sus colaboradores más cercanos, muchos despedidos por corruptos, otros en espera, decidió, por obra y gracia de la prepotencia imperial, cambiar de nuevo el destino de los pueblos.
Para ello emplea a sus tecnócratas especializados en golpes de Estado de baja intensidad y la mentira como arma fundamental de los medios de comunicación capitalista. Para apoyarlo en esa desigual guerra existe un grupo de políticos latinoamericanos derechistas que, con una política de odio hacia el progresismo —a cuyos líderes catalogan de dictadores—, tienen como meta la implantación generalizada del neoliberalismo.
RESISTENCIA Y MÁS RESISTENCIA
En la actualidad, la correlación de fuerzas —en cuanto a números— cambió en América Latina a favor de los conservadores.
Este 2018 ganaron elecciones presidenciales figuras realmente peligrosas por sus políticas de odio, cooperación con Estados Unidos, subestimación de sus pueblos que en totalidad no aceptaron sus victorias, la situación compleja que puede presentarse ante los tambores de guerra entre naciones que dejan escuchar, cuando en 2014
se declaró a América Latina zona de paz en la
II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, firmada por los dignatarios y acuñada en
La Habana.
En un año electoral, figuras del actual neofascismo como el colombiano Iván Duque, el brasileño Jair Bolsonaro, y el chileno Sebastián Piñera, tres perlas de la corona del Emperador Trump, ganaron las presidenciales.
De izquierda a derecha: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Iván Duque, presidente de Colombia; Mauricio Macri, presidente de Argentina; y Sebastián Piñera, presidente de Chile (Foto: Agencia EFE).
¿Por qué resultaron victoriosos? Es tema de otro análisis, pero existen señales comunes: la subestimación del poderío imperialista y sus formas de actuación, campañas dirigidas al desprestigio de los candidatos populares, una media tergiversadora y mentirosa que lideró la desconfianza popular hacia la presunta corrupción de que fueron acusados líderes populares, y muchos otros elementos que merecen reflexión y urgente toma de posiciones de la llamada izquierda latinoamericana, si quiere sobrevivir bajo esa designación.
Ante esta andanada de nuevas figuras de la ultraderecha, como Duque, apadrinado por el exmandatario y senador Álvaro Uribe, Bolsonaro, un oscuro diputado durante 28 años cuyo destino estuvo marcado desde 2016 cuando fue sacada del gobierno la mandataria Dilma Rousseff mediante un golpe parlamentario, y Piñera, que se aprovechó de la desunión tradicional de los partidos de la Unidad Popular y retuvo por segunda vez el más alto cargo del gobierno.
El neofascista brasileño solo ganó las presidenciales por el ardid judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El recién nombrado ministro de Justicia del nuevo Ejecutivo, Sergio Moro, fue el juez federal que condenó en primera instancia a Lula, preferido para retornar al Palacio de Planalto en los comicios, según coincidían las encuestas.
El expresidente fue condenado a 12 años y un mes de prisión en segunda instancia, sin prueba alguna de que haya sido beneficiado por una empresa constructora con un apartamento durante sus dos mandatos.
Expresidente brasileño Lula es condenado en segunda instancia a 12 años de prisión (Foto: Reuters).
En los tres casos, con iguales postulados políticos, pero diferencias internas, se impuso el poderío derechista que aprovechó muy bien las debilidades internas del progresismo en sus países, de pueblos con bajos cocientes de inteligencia política —como
Brasil— de otros con deseos de una estabilidad propuesta por la derecha y algunos, como Colombia, donde prefieren seguir la ruta uribista, en especial las élites dominantes en esa nación que aún mantiene la guerra interna a pesar de la firma de un
Acuerdo de Paz con las guerrillas.
En Centroamérica hay caos en los ámbitos derechistas. Honduras y Guatemala son los típicos ejemplos de gobiernos corruptos, alejados de los graves problemas de sus poblaciones.
En Honduras, Juan Carlos Hernández, en absoluto respeto a los sentimientos populares, robó la reelección en la presidencia mediante un cambio a la Constitución Nacional, al candidato Salvador Nasralla, quien representaba la posibilidad de un retorno a un gabinete emparentado con el exmandatario Manuel Zelaya, sacado del poder en 2009 por un golpe de estado cívico-militar.
Guatemala no anda mejor. El presidente Jimmy Morales, un músico evangélico al igual que Hernández acusado de corrupción, se mantiene en el cargo gracias a la compra de otros poderes nacionales, como el Judicial, mientras que los índices de pobreza y criminalidad alcanzan niveles insostenibles para los ciudadanos de esos Estados fronterizos.
El Salvador, junto con Honduras y Guatemala, constituyen el llamado Triángulo del Norte, posee un gobierno progresista que heredó una pesada herencia de sus predecesores, y libra ahora una cruenta lucha porque su revolucionario partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional gane de nuevo, por tercera vez consecutiva, las presidenciales de 2019.
En
Argentina, con un pésimo gobierno que llevó al fondo la
economía nacional y se endeudó de nuevo con el
Fondo Monetario Internacional, aparece
Mauricio Macri, el millonario presidente que por 300 000 votos ganó la primera magistratura al progresista David Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, de
Cristina Fernández de Kirchner.
Dos años de incertidumbre para las poblaciones argentinas que ven incumplidas las promesas de campaña y, en su condición de aliado y amigo personal de Trump, consiguió con sus medidas neoliberales que la otrora llamada granero del mundo tenga el desempleo más alto de la última década.
En
Perú, donde se formó el llamado
Grupo de Lima, integrado por naciones opuestas a la
Revolución Bolivariana de Venezuela y su presidente
Nicolás Maduro, hubo este 2018 interesantes procesos.
La rocambolesca política de ese país llevó al gobierno a un veterano empresario, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, quien a los 77 años se vio comprometido en un delito de corrupción, pero trató de mantenerse en el poder hasta el último momento.
Para lograrlo, se unió a Kenji Fujimori y fraccionó el partido familiar de derecha Frente Popular, liderado por su hermana Keiko, ahora en prisión preventiva de tres años por presunto lavado de dinero de la firma brasileña Odebrecht.
Kenji, a espaldas de su hermana, pidió a sus legisladores evitar la impugnación de PPK en el Congreso Nacional a cambio del indulto de su padre, el dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de Lessa Humanidad.
Pero, una vez libre el criminal, el mandatario se vio envuelto en otro delito de corrupción y esa vez no lo salvó nadie. Keiko había roto relaciones con su hermano, y a PPK no le quedó otra que presentar su renuncia.
En su lugar asumió su vice Martín Izbarra —quien compartía su responsabilidad con la de embajador en Canadá, algo raro en política— pero que desde su asunción hizo dos consultas populares para efectuar cambios en la política nacional, y presenta una actitud conciliadora en el ámbito latinoamericano.
Ecuador, con su presidente Lenin Moreno, quien demostró sus intenciones anti-revolucionarias una vez posesionado en el cargo se alió con sus antes enemigos derechistas, contribuyó personalmente a la destrucción del progresismo en el país, al igual que hizo con las organizaciones integracionistas que funcionaban en su territorio.
Este representante del hasta entonces oficialista Movimiento Alianza País, el alma de la Revolución Ciudadana, que abandonó, enfiló el país hacia el neoliberalismo y mantiene una persecución casi feroz contra sus antiguos compañeros políticos, entre ellos su mentor, el exmandatario Rafael Correa, quien lo propuso para que lo sustituyera.
